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Oscar Bianchi // Se pronunció la ONU

La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils, se estableció en virtud de la resolución 42/25,  del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27 de septiembre de 2019. Su mandato de un año fue investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014.

Lo que era de esperarse, que algún día, ocurririera, ha sucedido.

Los investigadores han presentado un informe sobre la realidad venezolana en materia de derechos humanos.

La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela reportó que tanto el gobierno, como los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos en el país.

Además señala que tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros de Interior y Defensa estaban al tanto y que “dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.

Se investigaron 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales.

Se hace mención de más de 5.000 muertes en 2.552 incidentes por parte de las fuerzas de seguridad,

Se responsabiliza al CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) del 59% de las muertes perpetradas en el período analizado cometiendo las ejecuciones extrajudiciales documentadas.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como función, identificar a la disidencia política, a los activistas de derechos humanos, así como a otros contrarios al gobierno, mientras que la labor de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) estaba dirigida a militares y civiles  presuntamente implicados en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

El informe explica que las detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas contra la población civil formaban parte de una estrategia para silenciar a la oposición, en algunos casos se sembraron pruebas para acusar a las víctimas de  falsos delitos, incomunicados, se les impedía la representación legal burlando el debido proceso, apunta el informe.

Como era de esperarse el régimen saldría a defenderse de lo que a voces es una realidad conocida por la comunidad nacional e internacional.

Escuchar declaraciones del canciller del régimen Jorge Arreaza como:

“Es falso que Maduro tenía conocimientos de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), considerado como la policía política del gobierno.”

Esto a todas luces aclara que reconocen las violaciones de derechos humanos que se ocurren en el país.

Todos llevamos en nuestra mente los recuerdos de jóvenes asesinados por protestar o el caso del concejal Fernando Alban, custodiado en el Sebin, de lo cual se dieron versiones contradictorias.

El caso del joven de 16 años Rufo Chacón quien recibió disparos de perdigones en sus ojos por acompañar una protesta en Táchira.

Solo por mencionar dos casos recientes.

Los delitos de lesa humanidad no prescriben, creemos que con esto se abre la posibilidad de hacer justicia, todo el que esté involucrado deberá pagar por sus delitos o responsabilidades, no habrá intocables llegado el momento.

Dios quiera y todo sea el inicio para tener y vivir en el país que añoramos,  donde exista paz, bienestar, prosperidad y  la alegría de que las familias se reencuentren en libertad y justicia verdadera.

“La maldad nunca es más fuerte que la verdad, al final ésta siempre acaba venciendo”.

Lcdo. Oscar Bianchi.

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