Maria Elena Cabrera Armas | El Periodismo como modelo acusatorio y de denuncia
Los papeles del CREM
Espacio de libertad
Los papeles del CREM, aspiran ser un reflejo del pensamiento político, económico de la Venezuela actual y de la Venezuela del futuro
Cuando el periodista y los medios informativos asumen la virtud de la verdad, se rescata la República ya que el ejercicio del periodismo es tan útil como los cimientos de la democracia.
Evidentemente durante 25 años los que estamos en Venezuela hemos sido testigos presenciales de un ruptura total de la libertad individual y, como consecuencia de ello, una conculcación en flagrancia, continuada, sostenida y agravada, total y absoluta, de la libertad de expresión, piedra angular y de tranca de la democracia.
Esta libertad tiene su vértice en dos dimensiones que tienen que ver con el derecho a la información que es depositario, todo individuo: primero como persona y luego como ciudadano sin distinciones sociales y, en especial a Medios de Comunicación Social que en una sociedad democrática tienen la misión como segunda dimensión de, informar a la población civil de los hechos que pueden impactarla, afectarla e infectar el espíritu del ser.
Igualmente, la información que sale, a la luz pública para formar opinión es con una misión, ya que se convierte en plena prueba para que el Poder Judicial o el Ministerio Público por "noticia criminis" conforme al sistema jurídico penal ordene a los cuerpos policiales a hacer una investigación criminal sobre los hechos denunciados por los prensa, por constituir un hecho notorio comunicación, hoy en día instrumento concebido como medio de prueba en un proceso judicial, objeto de investigación; ya que constituye el elemento del cuerpo del delito para abrir una investigación penal con acusación, imputaciones y órdenes de captura para que, a los fines de garantizar el patrimonio público de la Nación por razones de salud e higiene nacional, no permitir que la corrupción se convierta en un problema endémico que no tiene cura en el país. Hay que evitar que sea una metástasis social.
Desde las instancias del Poder Legislativo se ha creado un entramado de leyes con el fin de limitar el derecho a la expresión y la información. Leyes contra el odio y contra el fascismo y otras son, constitutivas de semejantes aberraciones de naturaleza jurídica que pisotean la justicia, porque lo que es la verdad para los sistemas de pensamiento, es la justicia para las instituciones públicas, John Rawls en Teoría de la Justicia .
El Pacto Social de 1999 ha sido un verdadero fraude a la población civil; porque al limitar a los profesionales de la Comunicación Social -periodistas- que cumplan con el sagrado derecho de informar y notificar a través de la expresión para generar opinión pública nacional, -totalmente restringida- también se limita a la sociedad. Ésta está en estado de desinformación porque los medios de comunicación escritos, de radio y televisión privados, lo que transmiten es bagatela informativa que no educa y cumple una función pedagógica y la prensa del sistema público se convirtió en un emisor de propaganda al servicio del Gobierno del que hay que salir por razones de salud pública y de sobrevivencia nacional.
De tal forma que las circunstancias en que se desarrollaron originalmente las bolsas de alimentos de CLAP para los desfavorecidos sociales; así como el método para la comercialización y transporte es ilícito. Éste, se materializó a través de empresas con pretensiones intencionales de fraude registradas en jurisdicciones internacionales.
Así como la intención real que se esconde con el CLAP por las inmensas colas que había en la población civil para comprar comida a partir de 2015, la producción de petróleo para producir cripto monedas, como la crisis económica por la caída de los precios, como la baja producción de barriles de petróleo que de tres millones seiscientos mil b/d, pasó a producir setecientos mil b/d; no es conocida en su totalidad por la población civil, sino por un reducido grupo social que tiene internet y teléfonos inteligentes por donde llegan esos informes relacionados con alta traición a la patria, corrupción y conspiración contra, no
solamente una parte de la población civil por adversar ideológicamente al gobierno, sino contra toda la población; porque, aun cuando, ésta cree en el chavismo, también sufre los rigores de un Estado, que desde el punto de vista financiero, fiscal y mercantil, es saqueado. Es decir, el gobierno usa utilitariamente a la sociedad para cometer sus atrocidades delictivas contra el fisco nacional y pagan como chivo expiatorio, los periodistas libres y todo ciudadano que en nombre de las libertades públicas reclama. Los meten presos con condenas por el delito de opinión que lo califican como odio y el Poder Judicial cumple objetiva y sustantivamente con leyes que son para proteger y garantizar el desfalco; pero no para defender y proteger a la sociedad.
-Parte I-
De los hechos que constituyen la génesis del saqueo y confiscaciones de recursos monetarios.
Es con la figura de acuciosos periodistas que huelen y detectan en la noticia, la comisión de hechos contrarios al derecho como son los reporteros de Armando.Info expresado por Ricardo Denís y otros como Gerardo Reyes desde Miami, los que dan a conocer la verdad verdadera y procesal con pruebas documentales.
Ésta prueba en un juicio según la experticia judicial, mata el testimonio. Documento, mata testigo.
Son hechos que constituyen la perversión del derecho que se planificaron desde las instancias del Poder en Miraflores para hacer ver frente a la problemática de abastecimiento de alimentos de primera necesidad para la población, así como medicinas que, se recurrió a instancias internacionales para comprar los artículos que constituyen la dieta básica, en presunción, para resolver la escasez por amor al pueblo y empoderarse, como lo pregonó en arengas públicas el presidente Maduro.
Lo cruel es que, los alimentos que trajeron y todavía traen son, de mala calidad nutricional, empezando por la leche en polvo que no trae los nutrientes conforme lo contempló el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Central de Venezuela en el área nutricional, donde se aseguró mediante un informe científico emitido por el nutricionista Pablo Hernández que de los ocho (8) tipos de leche importada, no tenían calcio y se parece más a una harina de arroz que leche en polvo que, un niño pequeño no puede consumir porque le inflama el abdomen. Ése igualmente, pasa con los adultos.
Esta realidad se apreció de verdad en los hechos. Fue mucha la gente que recurrió a los hospitales públicos por distensión abdominal, no sólo con la leche sino con la harina pan, con el arroz y granos que venían envejecidos y sin identificación de fechas de vencimiento en los empaquetados que son condiciones que exigen en el Ministerio de Salud pública de cualesquiera nación serie, cuando se van a comercializar alimentos y, sí es internacional, con más evidencia todavía.
-Hechos II-
Constitución de Sociedades Anónimas fraudulentas en paraísos fiscales.
Frente a esta realidad se presenta la oportunidad para constituir empresas con carácter asociativo de naturaleza Mercantil fraudulentas en jurisdicciones de paraísos fiscales en donde se desconoce el monto del capital con que fueron registradas y la procedencia de ese capital, número de acciones y de accionistas así como el objeto principal de la sociedad mercantil y hasta el tiempo de vigencia de la misma. Lo más importante es: ¿Qué garantías mercantiles daban estas sociedades en caso de incumplimiento de la obligación contraída y el domicilio jurídico principal de estás unidades de comercio para ejercer medidas precautelativas por incumplimiento?, ¿Cuáles fianzas de fiel cumplimiento presentaron para dar garantía de la operación?
Generalmente tienen que, de conformidad con la ley de Licitaciones Públicas otorgar una fianza de fiel cumplimiento y competir con otras empresas en precios. Éstos pasos fueron obviados y los contratos se otorgaron a dedo con un fin premeditado y alevoso que consistió en la alteración del precio real y robar a la nación.
En marzo de 2016 el Estado a través del Ministerio de Alimentación compra 25 mil toneladas de alimentos para un millón de familias venezolanas.
Entre 2015-2017, Alex Saab es el contratista predilecto de Maduro y éste le había confiado la importación masiva de alimentos siendo que el primer contrato que le otorgan a Saad fue, por la cantidad de 340 millones de dólares y cada caja tenía un costo de 34 dólares con productos de muy mala calidad que realmente no costaba, ni veinte (20) dólares.
Todas estas negociaciones de importación de alimentos y medicinas que no garantizan la salud del pueblo se realizan con la empresa denominada Group Gran Limited que fue registrada por ante el Registro Mercantil, no sé, sí Subalterno de la jurisdicción de Hong Kong en el Continente Asiático que fue una Antigua Colonia inglesa entre el Sur Este de China de reciente independencia política que funciona como Región Administrativa Popular Independiente en la jurisdicción de China.
En la indicada empresa aparece como director general el Sr. Shadi Saad hijo de Alex Saab y tiene como domicilio la Av Principal Francisco de Miranda, Centro Galipán, Municipio Chacao, del estado Miranda.
Ésta empresa, registrada en Hong Kong, negocia la compra de alimentos de mala calidad en México, no se sabe a cuáles fábricas de producción alimenticia y, se los vende al Ministerio de Alimentación.
A finales de 2011 Alex Saab, después de su fracaso como empresario en Barranquilla, Colombia llega a Venezuela como si fuera un gran constructor y es introducido en el gobierno de Chávez por la Senadora Piedad Córdoba (+) quien le introduce y presenta a Álvaro Pulido. Éstos como socios de la empresa Fondo Global, presumo registrada en Colombia para la construcción de 2500 apartamentos de propiedad social en el estado Carabobo específicamente en la parroquia Flor Amarillo de los que solamente según la fuente de Armando.Info se entregaron 100 apartamentos.
En los actuales momentos todas esas construcciones están en situación de abandono. Son edificios de 8 a 10 pisos totalmente enmontados y perdidos.
Lo cruel de esta realidad es que en esa fecha hubo prohibición en el sector privado de la construcción, la compra de cabillas y cemento y, al que se lo encontraban le abrían procedimientos penales tanto al conductor de la gandola como al empresario que vivía de la construcción privada. Fue una situación tan compleja que, en las ferreterías del país no podían comercializar. Tuve muchas causas jurídicas en los tribunales de la señalada jurisdicción por confiscaciones de cabillas, cemento y las gandolas donde lo trasladaban. Ésta fue una de las razones por las que se paralizó la industria de la construcción en Venezuela que, después del Estado era la que más empleos producía.
Éste sector de la economía está paralizado actualmente y sin posibilidades de activarla, salvó que venga un gobierno que reconozca la propiedad privada y la libre iniciativa, básica en la libertad económica, conculcada y suspendida.
La mejor prueba de fraude procesal y mercantil, lo constituyen esas empresas que fueron legalizadas en registros mercantiles en otros países, donde no tienen ni siquiera garantías que cubran el costo a la hora de juicios por corrupción para rescatar el robo público con embargos y ocupaciones judiciales a esas empresas hechas para el delito.
Ésta es una realidad sociopolítica que debe ser debatida en la ONU para eliminar los paraísos fiscales y establecer normas, condiciones de legalidad y legitimidad de este tipo de asociaciones que se prestan para la comisión del crimen organizado en materia de estupefacientes y psicotrópicos, para lavar dólares en el mercado internacional como en la corrupción por saqueo de fondos públicos de las naciones. Tanto la oficina del Tesoro del Departamento de justicia y La OFAG de los EEUU no se da a basto frente al crecimiento del crimen organizado.
El Periodista se caracteriza por, enfrentar al Poder, porque cuando éste desafía la Ley, el Derecho y se opone a la investigación periodística es; porque en el fondo no quiere que salgan a la luz pública los hechos que constituyen fraude delictivo; mientras que el periodista tiene, un sentimiento de investigar y descubrir la verdad y la realidad que es en sí, primero: una virtud ciudadana, pero cuando, se usa para informar cumpliendo un fin social es, porque está cumpliendo la verdadera función esencial del fablistan que es hacer justicia hacia sus semejantes; debido a que, cuando se denuncia el fraude, robo y corrupción del funcionario de los poderes públicos o por particulares por sobornos contra partidos políticos y líderes con opción de ganar que puedan comprometer el patrimonio de la nación, evidentemente se está cometiendo, no simplemente robo público, sino un crimen de naturaleza penal más trascendente, estatuido como el genocida contenido en la Constitución de 1999 y el Tratado de Roma, ley de la república, con lo cual sostengo –como jurista- que este crimen de naturaleza penal de jurisdiccional universal, debe ser revisado por los jueces de la Corte Penal Internacional con urgencia para modificar su jurisprudencia en esa instancia con respecto al ut supra crimen, porque el genocidio no puede ser examinado desde una experticie o inspección Judicial u ocular para determinar los cuerpos de 2 millones de muertos o por los tarros de sangre y dolor de una población. Hay otras circunstancias de justicia que en silencio son genocidio.
Este crimen con respecto a los victimarios han evolucionado y, los que lo cometen lo hacen bajo otras modalidades y circunstancias para evadir la justicia penal internacional, ya que esas acciones antijurídicas como es, robar cuantiosas sumas inimaginables del dinero público, a través de la constitución de asociaciones jurídicas registradas en paraísos fiscales para saquear el erario público, impide satisfacer las más elementales y necesarias condiciones humanas de la vida de la población civil.
Cuando el saqueó de las finanzas públicas en Venezuela supera los 800 mil millones de dólares que constituyen y vienen a representar el presupuesto nacional por tres años, de una república como México que tiene una población de aproximadamente 130 millones de habitantes según datos del Banco Mundial de 2022.
Éstos hechos constitutivos del delito, deben ser conforme a una evolución de la jurisprudencia penal internacional, objeto de la competencia, además de los establecidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma que dió origen a la creación de la Corte Penal Internacional; porque, por robo o asalto público al erario nacional, han muerto en estos 25 años millones de personas por falta de insumos medicos en los hospitales públicos, han puesto en situación de cesación de pagos la salud privada, han quebrado espiritualmente y mancillado a los médicos y el personal de la salud como enfermeras en su ejercicio profesional y, han mancillado la libertad de expresión limitando la prensa libre y, a los periodistas que insisten en investigar y denunciar las atrocidades, son víctimas de persecución policial, prisión o juicios por difamación e injuria o terrorismo por decir la verdad, más la tortura moral y física a la que los someten, como fue el caso de los periodistas del portal de Armando.Info que no tuvieron otra opción que irse a otros países donde se reconozca y garantice la libertad de expresión en todas sus formas, tal como lo contempla y establece el artículo 13 y 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, ley de la República.
Estos hechos de robo sin escrúpulos al patrimonio de la nación constituye un daño tremendo de Orden Antropológico por haber destruido y saqueado los bienes Nacionales que durante una centuria se vinieron construyendo. Pero lo más perverso hay un daño ontológico porque el individuo ha perdido la dimensión de su ser tanto en el orden espiritual como en la concepción fenomenológica de lo que debe ser un individuo con respecto a sus semejantes, a sí mismo y al ser que influyó en la creación del mundo. Esto puso al sujeto en situación de duda existencial, influida por la comunicóloga desde las instancias del gobierno para quebrantar el espíritu y el alma del individuo. Se viven momentos en que por un lado anda el cuerpo sin alma robada por el Estado.
-Parte III-
¿Quién es realmente Álvaro Pulido, socio de Alex Saab e, incluso, de Nicolás Maduro?
Alvaro Pulido y Germán Rubio Salas son la misma persona tal como lo investigó el periodista Gerardo Reyes desde Miami.
German Rubio Salas fue un jefe de un cártel del narcotráfico que comercializó psicotrópicos y estupefacientes para Europa, específicamente en Italia y Alemania.
En Italia después de haber sido capturado por la policía nacional antipsicóticos, lo someten a juicio y lo condenan a 15 años de pena de presidio.
Igualmente, es solicitado por la Justicia de Milán donde tiene una condena de cinco (5) años de prisión que, por la suma de ambas condenas, tiene una pena de presidio de 20 años por narcotraficante y asociación para delinquir, pero por juicios separados que jurisdiccionalmente no se pueden acumular. Éste tipo de sujeto tiene las características del estudioso de la personalidad del criminal Lombrosio. Es un sujeto que además de las características físicas, disfruta el crimen y desafiar la ley.
No se sabe si cumplió las condenas o se fugó de alguna de las cárceles para haber llegado a Miami. Germán Rubio Salas se presume se fugó de una cárcel de Italia y, para evadir la justicia internacional, una vez en los EEUU, hace gestiones en el Consulado de Miami, presumo colombiano, para cambiar su identidad y asumir otra de alguien muerto.
Es así como fraudulentamente asume la identidad de Álvaro Pulido. Es decir, Germán Rubio Salas aparece como muerte en fecha 06 de Octubre de 2005 cuya partida de defunción es 5484781.
La nueva personalidad suplantada es de Álvaro Pulido que no puede esconder su experiencia y experticia en el delito. Es cuando conoce a Alex Saad y éste se asocian en el crimen organizado del cual Pulido con su nueva identidad, organizan el nuevo plan para el crimen y, comienzan a registrar todo ese entramado de empresas con finalidades fraudulentas en otros países o paraísos fiscales para negociar y contratar con la República de Venezuela y robar y saquear, a través de contrataciones con empresas fraudulentas. Esta es una práctica del narcotráfico asumida para la corrupción del erario público y hacer compleja la investigación.
Este es el móvil del crimen, el carácter asociativo que aparenta fines lícitos pero son para falsificación desde la personalidad hasta la confiscación de bienes del patrimonio Nacional.
Una verdadera trama para el fraude Fiscal y la comercialización no sólo de alimentos, medicinas, sino de petróleo, oro, diamantes, coltán y otros que incluso son transportados para Turquía, con excepción del petróleo que se transporta en tanques.
El contrabando del oro in comment se hace en aviones comprados en Turquía, según la fuente del periodista Ocando y regresan al Hangar 4 del Aeropuerto internacional de Maiquetía con cuantiosas maletas de euros que pasan como valija diplomática y, es un capital que no se reporta a la Tesorería Nacional.
Es más, me atrevería a asegurar que con la complicidad del Estado venezolano, hicieron ver al pueblo y a los informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP y a la comunidad internacional que, la producción de petróleo había bajado a seiscientos mil b/d barriles de petróleo diario, producto de las sanciones de los EEUU y la UE y, realmente estaban produciendo un millón de barriles de petróleo diarios desde 2016 o más, que frente a lo que indicaron las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela y la data administrativa anual de PDVSA, todavía es mínima.
Ese excedente de 400 mil barriles diarios, lo negociaban y lo transportaban en buques aptos para el contrabando marítimo para China, Singapur, La India, Hong Kong y hasta Turquía y otras naciones para comercializarlo fraudulentamente y, tampoco reportaban a la Administración y Tesorería de PDVSA.
Es decir, el fraude al patrimonio nacional es mayor de lo dicho o expuesto por el Presidente de la Asamblea Nacional en su lamento por sentirse supuestamente defraudado de sus propios dirigentes políticos en funciones públicas.
El saqueo y confiscación de bienes materiales públicos y el secuestro de toda una población civil que han desmovilizado a nivel nacional, debe ser sujeto de juicios penales y civiles por crímenes, no negociables y, buscar los mecanismos legales, justos para salir de éstos secuestradores que tienen tomada la institucionalidad política y un pueblo en situación de desfavorecidos sociales y sin derechos políticos en libertad. Es un caos y estado de terror por el despotismo que baja a los cimientos de pueblos, ciudades, caseríos y parroquias.
Estas realidades hay que erradicarlas por razones de salud pública nacional.
Maria Elena Cabrera Armas es Doctor en Derecho y en Ciencias Políticas, y licenciada en Ciencias de la Comunicación. La Dra Cabrera es profesora de universidades.
Editado por los Papeles del CREM, 22 de mayo del año 2024.
Responsable de la edición: Raúl Ochoa Cuenca.
