Los buenos son la mayoría, por María Guadalupe Núñez
La crisis de la educación es la expresión de la debacle del país. Más allá de la retórica propagandística, el gobierno ha manifestado una tenaz oposición a todo lo que suponga mejoría en la calidad de la educación. En particular, el cepo impuesto a la educación universitaria, prisionera del odio y del resentimiento; de una política pública incoherente que de continuar el curso, irremediablemente, llevará a la “quiebra” a la academia, columna vertebral de las universidades autónomas
que luchan por liberarse de la demagogia, el populismo y el pensamiento único que pululan en sus entrañas. Una universidad considerada enemiga por el gobierno.
Hay un agravante. Con base en el poder omnímodo conquistado, el gobierno utiliza su arsenal mediático para descreditar a la institución, vuelca el odio social, la lucha de clases, para dividir la comunidad y crear conflictos donde antes no existían, y establece líneas de acción política para acelerar y exacerbar la descomposición de los valores institucionales y conspirar contra la estabilidad mediante acciones como la negación de un presupuesto adecuado o las elecciones para el gobierno y cogobierno universitario.
El objetivo gubernamental es destruir a la universidad como ha sido concebida, una institución crítica para la creación y recreación del conocimiento, la formación del capital humano y la extensión a la comunidad en sus diferentes vertientes, porque la “revolución” así lo exige.
Se crea el antagonismo y la hostilidad entre los profesores y las bases administrativas y obreras con la promesa de una “democratización” que se traduciría en la votación paritaria de toda la comunidad universitaria para la elección de las autoridades. Poco importa la Ley de Universidades o la Carta
Magna, porque, siguiendo a la profa. Colette Capriles, no son “un marco de contención ni las reglas políticas en ella establecida le resultan respetables”. También hay que declarar nuestra parálisis paradigmática y los juegos de poder que han llegado hasta el último resquicio institucional. Ante esto ¿qué nos queda?
Hay que cambiar radicalmente las estrategias de lucha empleadas hasta el momento, por su ineficacia, traducidas en sentimientos de derrota y desesperanza. Con base en un proyecto de renovación, ponernos de acuerdo los integrantes de la comunidad universitaria para iniciar el proceso de rescate de la identidad perdida, paso previo para el avance de una reorganización integral de la universidad. Es imperativa la elección de las autoridades universitarias, a todos los niveles, para devolverles la legitimidad y la autoridad frente al claustro y la comunidad toda.
