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Justicia y perdón, por Francisco Arias Cárdenas

El pueblo venezolano tiene una cultura de solidaridad, una fluida disposición para el apoyo al prójimo, inclusive más allá de las fronteras. Por eso nos conmocionamos ante prácticas de extrema crueldad que en nada se conectan con nuestra esencia nacional.

Las imágenes del autobús arrollando de manera salvaje a dos jóvenes policías en el Táchira, nos impactaron a todos. Cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo; nos sentimos padres de las víctimas, de cualquier vida segada violentamente. Pero también nos preguntamos qué o quiénes retorcieron la mente de los perpetradores, a tal punto que perdieron la capacidad humana de empatía.

Cuando enfrentamos una violencia sistemática, dirigida, estamos ante individuos entrenados para provocar terror, operadores de quienes se ocultan en posiciones de aparente legalidad e institucionalidad.

Esa forma de protestar, signada por la crueldad y violencia, jamás puede ser calificada como un ejercicio de la libertad y no puede ser promovida y aupada con una ley de olvido. Resulta contradictorio que la Asamblea Nacional intente imponer una Ley de Amnistía que borraría de la memoria jurídica –más no colectiva– delitos que violan los derechos humanos que tanto invocan. No son sino barbarie las tácticas terroristas que provocaron muertes y heridos durante las guarimbas; la estrategia de guerra económica viola el derecho del pueblo a la alimentación.

Todos los seres humanos… dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Lo contrario de lo fraterno es mandar a otros a sembrar muerte en las calles, sin asumir la responsabilidad de ese impulso destructor.

La impunidad siembra resentimiento y anarquía; la justicia sosiega el dolor y propicia el perdón; es la única vía para la reconciliación y la paz.

El arrepentimiento es indispensable para el perdón. Sin responsabilidad no puede pretenderse ganar la confianza de la gente, menos aún el derecho a gobernarle.

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