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José Aranguibel Carrasco // ¡Caras vemos, corazones no sabemos!

“Se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación” Mario Vargas Llosa

Caras vemos, corazones no sabemos lo decía el pueblo Nahuas de México cuando una persona no les era de fiar. Algo muy parecido sucede en estos tiempos convulsionados del periodismo venezolano, cuando la conseja nos dice que no podemos confiar en sólo las apariencias, en momentos que en la Asamblea Nacional está cocinándose una posible reforma o la eliminación por otra de la Ley de Ejercicio del Periodismo en favor, conveniencia y a la medida del traje de Miraflores para controlar en su totalidad el contenido de lo que los periodistas no podrán escribir, reportar o decir a través de los medios de comunicación.

En pocas palabras ciegos, sordos y mudos no sólo estaremos los periodistas, sino usted que forma parte de un gremio profesional, empresarial, comercial, transportista, deportivo, académico, cultural, docente, sindical, ganadero, campesino, si es ama de casa, jefe de familia o simplemente uno de los millones de venezolanos de a pie que a diario sobreviven buscando resolver los tres golpes de la comida y lidiar con la deficiencia de los servicios públicos. La verdad es que de concretarse esa aprobación legislativa avalada por colegas “revolucionarios”, también egresados universitarios, será cuesta arriba la intención de cualquier mortal en Venezuela, organizado o solo, ir a un periódico —en cierre técnico, emisoras radiales —quedan cada vez menos—, televisoras o portal noticiosos a invitar a los periodistas a reseñar cualquier problema que afecte la calidad de vida de la comunidad donde vive, trabaja o estudian sus hijos por decir lo menos. Esto quiere decir que no podrá procesarse ninguna noticia que reclame, critique o cuestione la gestión oficial, —por ejemplo los apagones eléctricos—, de cualquier organismo de los tres niveles de gobierno.

Entre algunos de los cambios que discuten en el seno de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación de la AN, está la desprofesionalización de la carrera universitaria de Comunicación Social. Vale decir que no será garantía de calidad la formación académica y todo “camarada” que desde hace rato anda cometiendo usurpación del ejercicio de las funciones legales del periodista formado en el aula universitaria —llamados alternativos, comunitarios o populares—, serían periodistas sin pisar en su vida una universidad pública o privada que la actual Ley de Ejercicio del Periodismo, nacida en 1972, lo contempla. En palabras sencillas desaparecería la formación universitaria redaccional, docente e investigativa.
Y cómo lo que es igual no es trampa, extrapolando la jocosidad criolla de ese hecho no oficializado, seguramente el adefesio legislativo permitirá a Venezuela tener sus propios Piratas del Caribe de las películas del actor Jhonny Depp.

En tanto, el Colegio Nacional de Periodistas, CNP, en su LVI secretariado nacional, celebrado en Caracas no hace una semana, decidió “rechazar todo tipo de reforma que atente contra los principios fundamentales contenidos en la actual legislación y que vulneren la profesionalización, la independencia y el apego a la ética periodística. Así como también a todo intento de alterar, a espaldas del gremio, los instrumentos legales concernientes a la colegialización y a la libertad de expresión”.
Además los delegados de las 26 secciónales reafirmaron “ratificar la vigencia del Código de Ética del Periodista Venezolano, reformado en la XV Convención Nacional de 2013 y alertar que ningún ente externo al gremio periodístico tiene competencia para su modificación”.

Queda en cada venezolano aceptar sumiso o reclamar democráticamente el respeto a su derecho de disfrutar la vigencia de la libertad de expresión consagrada en la Constitución Bolivariana de 1999, no aceptando la censura ni el hostigamiento, persecución y detenciones de los periodistas venezolanos, quienes cumplen con su trabajo apegados al ordenamiento jurídico y constitucional. No es sólo un problema de periodistas o de medios de comunicación. Si el zarpazo es impuesto a lo Jalisco dejará de serlo y quedará convertido en un problema de millones de personas que verán afectada su vida diaria, su derecho a la libertad de expresión y a reclamar a los poderes del Estado el cumplimiento cabal de su misión pública.

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