El déficit económico universitario, por Luis Fuenmayor Toro
En el presente dizque revolucionario reaparecen este tipo de posiciones, en algunos casos provenientes de gente bienintencionada, como respuesta a un cerco presupuestario de las universidades muchísimo mayor que el impuesto por los gobiernos de las dos décadas finales del siglo pasado.
En el pasado adecocopeyano, los universitarios de avanzada debimos enfrentar las tesis que basaban sus críticas feroces contra las universidades, en la existencia de una conducta de estas instituciones contraria a la generación de ingresos económicos para su total sustento. La conducta permanente de exigir un presupuesto “justo” era presentada por los sectores adversos como la responsable del crónico déficit económico de las instituciones superiores de la educación. Otros grupos escondían su animadversión señalando que esa actitud “pedigüeña” creaba una dependencia inaceptable del Gobierno, por lo que debería lograrse autonomía financiera y producir lo necesario para el total funcionamiento. Esta sería entonces una obligación de la universidad, que debería añadirse a las de docencia, investigación y extensión.
La explotación de zonas rentales, la creación de empresas universitarias, el establecimiento de asociaciones con el sector productivo, la generación de patentes derivadas de las actividades de investigación y la obtención de ingresos propios basada en la comercialización de productos, servicios a terceros y asesorías técnico-profesionales, fueron ideas y actividades puestas en marcha como respuestas. Otros incorporaban el cobro de matrícula, aportes monetarios de los egresados y la eliminación de los repitientes crónicos.
Nada nuevo bajo el sol nos trajo la revolución chaveca en esta materia como tampoco en ninguna actividad para el desarrollo de la nación. En aquellos momentos dejamos clara la necesidad de racionalizar el gasto universitario, de disminuir la gigantesca burocracia administrativa, mejorar la eficiencia, pero por sobre todo, que la producción de dinero era un derecho de la institución y no una obligación como se quería, pues el financiamiento era y sigue siendo obligación del Estado venezolano, y la obligación de las universidades era la de realizar una docencia, investigación y extensión de muy elevada calidad.
