Cuestión de buen juicio, por Ramón Guillermo Aveledo
Defiendo a la Fuerza Armada Nacional y el papel que la Constitución le asigna en los muy claros artículos 328 y 329.
Por lo mismo, así como insisto en que la politización de la organización castrense y la militarización de la política son contrarios a la Carta Magna y al mejor interés de Venezuela, por responsabilidad ciudadana elemental estoy obligado a sostener que se está estirando más de la cuenta la interpretación de la referencia a “la participación en el desarrollo nacional”, al atribuirle funciones económicas que pueden resultar contraproducentes para la institución y para la nación a la cual sirve.
La reciente creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas ha llamado la atención y suscitado interrogantes. Lo deseable es que la FAN esté al margen de la polémica y sea siempre vista como una institución respetada, al servicio de todos.
La amplia gama de actividades industriales, comerciales, de servicios, técnicas y de importación que en petróleo e industrias conexas, gas, minería, construcción de obras civiles, eléctricas y mecánicas se atribuye a la nueva empresa, es prácticamente ilimitada. Pdvsa y las empresas mineras no podrán contratar a otra empresa privada nacional o extranjera. En ese cuadro, resulta inevitable que los venezolanos dentro y fuera de la Fuerza Armada nos planteemos la pertinencia de esta decisión, cuya envergadura ameritaría ser conocida y analizada por el país.
Camimpeg se suma a un conglomerado de empresas financieras como el Fondo de Inversión Negro Primero, el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; industriales como la Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos; agropecuarias como Productora de Champiñones Santo Domingo y Agrofanb; de comunicaciones como Sistema de Empresas Comunicaciones de la Fanb S. A. y Tvfanb; de construcción y transporte como Construfan, Cancorfan y Emiltra. Están Tecnomar y la Fundación Muronto en el área de ciencia y tecnología. Antes de 1999 ya estaban bajo control militar algunas empresas que siguen estándolo, como Seguros Horizonte y su filial Financiadora de Primas Horizonte, inversora Ipsfa antes IpsfaCleaner, Viajes y Turismo Infamil y Cavim. Ámbito grande, diverso y complejo.
¿Se han evaluado esas empresas? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo son manejadas? Creo que todos nosotros, nuestros poderes públicos y la propia institución armada, debemos revisar esta realidad y proceder con el buen juicio que amerita.
