Capital intelectual al servicio del país, por Judith Aular de Durán
La profunda crisis social, política y económica obliga a las instituciones más relevantes a hacer sentir su voz. Las universidades, pese a la poca inversión pública y privada, son las principales reservas del saber y cuentan con un contingente apreciable de académicos dispuestos a contribuir con soluciones al país.
Durante la reciente visita de un grupo de diputados de la Asamblea Nacional (AN) al Consejo Universitario de La Universidad del Zulia (LUZ), tuve la oportunidad de tomar la palabra y en nombre de la comunidad universitaria poner a la orden del Parlamento todo el capital intelectual institucional, con servicios de información, asesoría y apoyo para la solución de los principales problemas del país.
El encuentro fue propicio para presentar los proyectos del Vicerrectorado Académico de LUZ que requieren apoyo para su culminación, como la Biblioteca Central “General Rafael Urdaneta”, el Comedor del Núcleo Humanístico, así como la refacción del Comedor Central y el equipamiento del edificio de Investigación y Posgrado.
Otro proyecto emblemático es la Extensión Municipal Sur del Lago que necesita la asignación de recursos para atender las demandas de los jóvenes de estas localidades que tienen derecho a formarse en su terruño y en las áreas más pertinentes para el desarrollo local.
Actualmente en Gibraltar, municipio Sucre, se está dictando clases bajo la modalidad de Extensión de Aula a más de 1.500 estudiantes en las carreras de Administración, Contaduría Pública, Educación, Agronomía, Veterinaria y Enfermería. Es necesario ampliar la oferta de estudios a otros municipios.
También planteamos la reforma de la Ley de Régimen Cambiario con el fin de garantizar la asignación de divisas para la formación del personal docente y de investigación, contrarrestando la fuga de talentos.
Otra de las demandas que debe atenderse es la falta de insumos y equipos en laboratorios, institutos y centros de investigación donde se genera el 80% de aportes científicos. Este déficit podría mejorar con la modificación de la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e innovación que sólo autoriza al Fondo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación como único receptor de los aportes de las personas jurídicas con ingresos superiores a cien mil unidades tributarias anuales. El esquema debe flexibilizarse para que las universidades puedan invertir directamente los recursos en el desarrollo científico.
Esperamos a corto plazo que se restablezcan los vínculos de trabajo entre universidades y gestión pública. Por lo menos en el Parlamento están dispuestos a escucharnos y a recibir la asesoría académica tan saludable y necesaria.
