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Antonio Urdaneta // Con la brasa en la mano

“Además de un restablecimiento de la democracia, los venezolanos anhelamos un cambio significativo en las actuales condiciones de vida. Lograrlo pasa por construir espacios para un diálogo genuino entre las partes en conflicto, y por constituirnos en sus guardianes y garantes ejerciendo nuestro deber ciudadano”. Este es el texto completo del punto 6 del manifiesto del Foro Cívico Nacional, titulado “Es tiempo de Entendernos”.

En sintonía con éste y el resto del contenido de dicho documento, y en mi condición de ciudadano venezolano, militante de la democracia por convicción y víctima de la monstruosa tragedia que significa sobrevivir en Venezuela, me atribuyo el derecho –el deber, sería mejor decir– de conocer cuál será el próximo paso del Foro Cívico Nacional (FCN), en función del seguimiento que corresponde hacerle a un pronunciamiento tan comprometedor y trascendental. Hay quienes temen que el FCN resulte un movimiento de esos que nacen y mueren en el acto. ¡Dios quiera que estén equivocados quienes así sospechan!

En este momento está en pleno desarrollo una situación que amerita atención según el nivel de gravedad, en relación con los objetivos que se ha trazado el FCN, que son los mismos que persigue la sociedad venezolana en general. Me refiero a los indeseables eventos ocurridos en los últimos días, todos ellos en menos de una semana, cuya incidencia nacional e internacional se traduce en una carga explosiva en el camino que podría conducir a la posibilidad de “construir espacios para un diálogo genuino”, a manera de meta central dibujada en el manifiesto del FCN.

Específicamente se trata de cuatro eventos sucesivos cuyo efecto, sin lugar a duda, habrá de repercutir destructivamente, en cuanto a cualquier iniciativa de diálogo entre las partes en conflicto, al nivel que sea, como realmente ocurren en algunos escenarios de la vida nacional. La infeliz y sesgada decisión de quien actúa como Contralor General de la República, mediante la cual inhabilita políticamente a un grupo de diputados legítimos de la Asamblea Nacional, además de ser un zarpazo a las “ganas de dialogar”, constituyen también el cercenamiento del derecho que tienen de participar en las próximas elecciones regionales. Por supuesto, de ese modo, por carambola, cumple el funcionario el mandato del PSUV de estimular la abstención electoral.

Por coincidencia, una resolución de la Comunidad Europea da cuenta de severas sanciones, con efecto en todo el territorio de ese continente del primer mundo, a varios funcionarios, militares, diputados y otros allegados al régimen político venezolano, por estar supuestamente implicados en delitos relacionados con la corrupción y los derechos humanos, hechos sobre los cuales pueden intervenir los organismos internacionales y, por consiguiente, el ámbito judicial respectivo, en caso de ser necesario.

Al anterior acontecimiento le sigue un acuerdo aprobado por unanimidad, en una sesión de la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez, cuyo objeto único fue rechazar, con todos los improperios acostumbrados por los principales actores de la dictadura militar nazicomunista de Venezuela, las sanciones aplicadas por la Comunidad Europea. En síntesis, dicho acuerdo puede entenderse como un acto de solidaridad a favor de quienes, aún sin demostrar lo contrario, han sido señalados como autores de graves delitos.

Para cerrar el ciclo de fatalidades que se ha desarrollado contra el diálogo, o la posibilidad de un entendimiento nacional, Nicolás Maduro, previo uso de su vulgar lenguaje y su prédica ofensiva, tal como un árbitro de fútbol, ofuscado, expulsó del país a la embajadora de la Comunidad Europea aquí en Venezuela.

Ahora la brasa está en manos del Foro Cívico Nacional.

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