Acabaron con los huevos de oro, van por la gallina, por Werner Gutiérrez
En 1998 al llegar al poder Hugo Chávez Frías, las importaciones agroalimentarias anuales de Venezuela alcanzaban los 1.250 millardos de dólares. Éramos un país capaz de alimentar a su población casi en un 80 % con productos cosechados en sus campos y procesados en su modernas agroindustrias. En el año 2001 con la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario comienzan las expropiaciones y confiscaciones. Nació el Plan Bolívar 2000 y con él, el asalto del sector castrense al sector agroalimentario nacional. Se inicia la creación de un estado que ha intentado inútilmente convertirse en importador, productor, transformador y distribuidor de alimentos, apoderándose y destruyendo a su paso tierras y empresas productivas, reservándose las divisas para las importaciones a su entera discreción y sin control alguno.
Desde el año 2009 comienzan a notarse de manera significativa los efectos detrimentales de este modelo en la disponibilidad de alimentos para el venezolano por la caída en la oferta interna. Según datos del Doctor Carlos Machado Allison entre el 2009 y el 2014, la caída per cápita de la actividad agrícola, fue cercana al 17%. Desde el 2014, a la presente fecha esta caída ha sido aún más vertiginosa, llevándonos a niveles de producción de alimentos de las décadas de los 70 y 80. Transcurridos casi veinte años de gobierno de Chávez - Maduro, tenemos un sector privado agropecuario diezmado, que junto a las empresas agroalimentarias que aún se mantienen de pie genera 8 de cada 10 kilogramos de los pocos alimentos producidos en Venezuela. No obstante, apartados de cualquier lógica y sentido común, el gobierno lejos de corregir su accionar, insiste en su política de control social utilizando el hambre y la limosna como herramienta, para lo cual da señales de estar dispuesto a aplicar el principio de “tierra arrasada”.
Los ataques a la propiedad privada en el sector agropecuario se han incrementado sustancialmente. En los últimos 2 meses, 18 fincas productivas han sido objeto de invasiones o medidas de confiscación. Se continúa con el cobro del impuesto regional ilegal reteniendo el 10% de los animales que se transportan en Barinas y Apure, igualmente persiste la sustracción de productos agrícolas como el queso llanero o las hortalizas andinas. En la Gaceta Oficial Nº 41.394 se establece que los productores de palma aceitera, deberán destinar el 50% de su cosecha a las plantas oficiales. Los alcaldes del partido de gobierno en el estado Miranda controlan la comercialización del cacao, reteniéndoles a los agricultores sobre las 300 toneladas del producto, el cual les será cancelado a un precio irrisorio en bolívares, mientras el gobierno lo comercializa en el mercado internacional en dólares.
Venezuela llegó a importar bajo el mandato de Chávez Frías sobre los 10 millardos de dólares en alimentos al año. Sin embargo en el 2017, las compras externas debieron estar por debajo de los 6.0 millardos de dólares. Luego del despilfarro en promedio de US$ 56.500 millones anuales, entre 1999 y 2014, ahora imposibilitados de continuar importando alimentos, la bota militar ha radicalizado el control sobre la distribución de agroinsumos al sector primario, imposibilitándoles el abordar el presente ciclo de siembra. AgroFanb empresa castrense, es la responsable directa de implementar el férreo control en la asignación a discreción de semillas, agroquímicos y fertilizantes.
Literalmente AgroFanb decide quién participa del proceso de producción y quienes, o paralizan sus fincas, o apelan al mercado informal de agroinsumos para no abandonar la agricultura y ganadería. Es evidente que su directriz es bloquear a las organizaciones privadas tradicionales de productores. Si el país se lo permite, no solo habríamos visto acabar con “los huevos de oro”, sino que ahora presenciaríamos, la destrucción también de la “gallina”, único sector con capacidad real, y en corto tiempo, de revertir el hambre que hoy golpea a todo un país.
