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Wendy Ríos, esposa del "Niño Guerrero", lidera la lista de mujeres más buscadas por Interpol

Es requerida por terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimización de capitales y asociación para delinquir. Su esposo escapó de la prisión de Tocorón en el estado Aragua el pasado 20 de septiembre. Otras cuatro mujeres, tres rusas y una boliviana, completan el top 5 de las más buscadas

Wendy Marbelis Ríos Gómez, de 44 años, esposa de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como "El Niño Guerrero", de 41, lidera la lista de las mujeres más buscadas por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Según reporta El Tiempo de Bogotá, Ríos Gómez, de nacionalidad venezolana, es objeto de búsqueda internacional por cargos que incluyen terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimización de capitales y asociación para delinquir. Su participación en actividades delictivas vinculadas al temido "Tren de Aragua" la ha convertido en un objetivo prioritario para las autoridades de múltiples países.

Su esposo, "El Niño Guerrero", escapó de la prisión de Tocorón en el estado Aragua el pasado 20 de septiembre, sumiendo a las autoridades en una frenética búsqueda por capturarlo. Este individuo es considerado uno de los más prominentes criminales del hemisferio, siendo acusado en Colombia de liderar una de las organizaciones delictivas más grandes dedicadas a la extorsión y los asesinatos por encargo.

En medio de esta trama delictiva, las autoridades también apuntan hacia la actriz venezolana Jimena Araya, quien supuestamente habría colaborado en la fuga de "El Niño Guerrero" y tendría vínculos sentimentales con él.

A pesar de su notoriedad criminal, Wendy Ríos se entregó voluntariamente a las autoridades bolivianas en octubre de 2012, recuperando su libertad varios meses después al no poderse comprobar su participación en actividades delictivas en ese momento.

Además de Ríos Gómez, otras cuatro mujeres ocupan lugares destacados en la lista de las más buscadas por Interpol, tres de nacionalidad rusa y una bolivariana, todas ellas requeridas por su presunta implicación en delitos relacionados con el terrorismo y el tráfico de estupefacientes.

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