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Un tribunal español pide 4,1 millones de euros a líderes separatistas por el referéndum catalán

En un comunicado, este tribunal que fiscaliza el gasto público en España dio quince días a los demandados para depositar la fianza y, en caso de no satisfacerla, se "podrá iniciar el procedimiento de embargo" de sus bienes

El Tribunal de Cuentas español reclamó este martes al expresidente catalán Carles Puigdemont y una treintena de cargos separatistas un total de 4,1 millones de euros por los gastos del referéndum ilegal de independencia de 2017, informó este órgano.

En un comunicado, este tribunal que fiscaliza el gasto público en España dio quince días a los demandados para depositar la fianza y, en caso de no satisfacerla, se “podrá iniciar el procedimiento de embargo” de sus bienes.

Este órgano actúa tras una demanda presentada por dos asociaciones contra una treintena de altos cargos del gobierno regional dirigido por Puigdemont, que marchó después de la fallida declaración de independencia a Bélgica.

Desde allí, donde ejerce ahora como eurodiputado, el expresidente regional pidió ayuda a sus seguidores para cubrir esa cantidad.

Tenemos 15 días para evitar que embarguen nuestros bienes. Si votaste el 1 de octubre (fecha del referéndum), te necesitamos”, tuiteó Puigdemont, junto al número de cuenta de una organización que costea los gastos legales de los separatistas procesados.

Los 4,1 millones de euros, reclamados como fianza previa al juicio, corresponden al cálculo del Tribunal de los gastos públicos destinados a sufragar el referéndum sobre la independencia del 1 de octubre de 2017.

La consulta fue organizada por las autoridades regionales a pesar de la prohibición decretada por la justicia española y quedó marcada por la contundente actuación de la policía contra los votantes congregados en los colegios electorales.

Cuatro semanas después de esa votación, el Parlamento catalán controlado por los separatistas proclamó una fallida república independiente, neutralizada desde Madrid con la inmediata suspensión de la autonomía regional.

Nueve dirigentes separatistas fueron condenados en octubre a altas penas de prisión por su papel en ese fallido intento de secesión, considerados culpables de los delitos de sedición y, en el caso de aquellos que integraban el gobierno regional, malversación.

En 2018, el antecesor de Puigdemont Artur Mas y nueve cargos de su ejecutivo fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar 4,9 millones de euros por una consulta simbólica sobre la independencia de 2014, prohibida igualmente por la justicia.

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