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Tribunal Supremo rechaza apelación sobre trámite para juicio a Rousseff

El Tribunal Supremo de Brasil rechazó las apelaciones que la Cámara de Diputados presentó contra una decisión que estableció la forma en que debe tramitarse un eventual juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.

El trámite comenzó en diciembre pasado, pero un día después fue suspendido por la corte por “errores de procedimiento” en el proceso, que podrá ser retomado tras la decisión del Supremo, adoptada con nueve votos a favor y dos en contra.

Entre los errores detectados, el tribunal citó que los miembros de una comisión especial de diputados que analizará si existen méritos jurídicos para enjuiciar a Rousseff habían sido elegidos en forma secreta, cuando debía haber sido abierta.

El tribunal también objetó que la elección de esa comisión se había dado mediante la presentación de dos listas de candidatos, cuando los posibles miembros deben ser seleccionados por los jefes de los grupos de los partidos representados en la cámara y aprobados por el pleno.

La Mesa Directora de la Cámara de Diputados había apelado esos dos puntos, pero la corte rechazó los alegatos recibidos de ese órgano legislativo, que ahora podrá retomar el proceso, siempre y cuando se atenga al trámite establecido por el tribunal.

Ese trámite comienza con la elección de la comisión especial, que podrá tener entre 17 y 66 miembros, que analizará el mérito de las acusaciones presentadas por la oposición contra Rousseff, fundamentadas en supuestas irregularidades detectadas en los balances que el Gobierno presentó en 2014 y 2015.

En un plazo de diez días, esa comisión deberá presentar un parecer favorable o no al proceso de destitución y entonces se abrirá un período de 20 días para que Rousseff entregue su defensa.

El informe será votado luego por el pleno de lo Cámara baja y, en caso de que dos tercios de los 513 diputados se inclinen por proseguir el proceso, el caso llegará al Senado, que decidirá por mayoría simple si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político.

En caso de que el Senado decida enjuiciar a Rousseff, la mandataria deberá separarse del cargo mientras dure el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días.

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