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Relatora especial de la ONU visitará Venezuela en febrero para revisar tema de sanciones

El Estado venezolano ha mantenido el argumento de que debido a las sanciones, no se ha podido comprar medicina y comida, así como tampoco insumos para hacer frente a la Covid-19 mientras que EE. UU. ha dicho que las medidas no afectan la adquisición de esos bienes

La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó el martes 26 de enero que la relatora especial de la ONU Alena Douhan visitará Venezuela en un viaje de duración de unos 12 días y que se prevé comenzar el lunes 1° de febrero, donde se tiene previsto que analice el «impacto negativo» de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.

Rodríguez explicó que se le expondrá a Douhan “un conjunto de datos oficiales acerca del impacto social y económico» que según las aseveraciones realizadas desde el Ejecutivo, fueron producto de las medidas coercitivas que son «contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas impuestas por gobiernos extranjeros” contra Venezuela.

Indicó que en un primer momento se había emitido una invitación a Idriss Jazairy, predecesor de la nueva relatora, a quien se le traspasó el llamamiento para viajar a Venezuela a certificar las “medidas coercitivas” y recordó que el expresidente de EEUU Donald Trump fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por la «violación sistemática y masiva de los DDHH» producto de estas decisiones de Washington.

Se tiene previsto que la relatora de la ONU cumpla el objetivo de recopilar la data necesaria en el país para comprobar las denuncias hechas por la administración de Nicolás Maduro, para lo que se reunirá con autoridades del Estado, con representantes de distintos sectores de la sociedad, del sistema de la ONU y del cuerpo diplomático. Sin embargo, en la nota reseñada por La Vanguardia no se especifica si Douhan hablará con la oposición venezolana.

El anuncio de la visita de la relatora de la ONU Alena Douhan ocurre días después que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobara el jueves 21 de enero una directiva de seguridad nacional en la que anuncia una revisión por parte de los secretarios del Tesoro, Comercio, Salud y Servicios Humanos, junto al director de la USAID de las sanciones económicas y financieras tanto de EE.UU. como de organismos multilarerales -como la Unión Europea-, tanto a Venezuela como a otros países.

La medida se hace con el fin de «evaluar si están obstaculizando indebidamente las respuestas a la pandemia Covid-19, y brindar recomendaciones al Presidente, a través del asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional y el Coordinador de Respuesta covid-19, para cualquier cambio de enfoque».

EE.UU., la Unión Europea y otros países han aplicado una serie de sanciones individuales a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro y a empresas de carácter nacional como Petróleos de Venezuela, que es el principal punto de ingresos económicos para el país, desde 2017 tras la instalación de la impuesta asamblea constituyente y los más de 120 fallecidos que dejaron las protesta antigubernamentales de ese año.

Las acción contra Pdvsa comenzó a partir de enero de 2019 cuando se cancelaron las órdenes de compra por parte del Departamento del Tesoro y de Estado, mientras se cedió el control de Citgo al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó; luego vinieron sanciones contra barcos de la estatal petrolera, en especial los que llevan petróleo a Cuba y en agosto de ese año, Donald Trump firmó una orden ejecutiva autorizando sanciones a cualquiera que brinde apoyo a Maduro, decreta bloqueo económico total salvo excepciones.

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