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Presidente de Panamá dice busca poner la casa en orden

En su primer informe ante la Legislatura y al cumplir su primer semestre en el poder, el mandatario Laurentino Cortizo señaló que su gobierno se topó con un “desastre” en materia de manejo financiero, social, migratorio, de administración de justicia y combate a la corrupción

El presidente de Panamá dijo el jueves que está tratando de poner la casa en orden en medio de una economía desacelerada y un país con desafíos crecientes.

En su primer informe ante la Legislatura y al cumplir su primer semestre en el poder, el mandatario Laurentino Cortizo señaló que su gobierno se topó con un “desastre” en materia de manejo financiero, social, migratorio, de administración de justicia y combate a la corrupción.

“Encontramos un grave deterioro, un Ejecutivo que irrespetó el equilibrio de poderes, una democracia distorsionada por mecanismos antidemocráticos, la corrupción a niveles nunca antes vistos”, aseguró.

Cortizo asumió su quinquenio el 1 de julio tras imponerse en las elecciones de mayo y sustituyó a Juan Carlos Varela, que gobernó entre 2014 y 2019 y contra quien recayeron principalmente los dardos.

Cortizo arribó al poder en medio de una desaceleración económica que marcó al pasado gobierno y que siguió a un periodo de bonanza en que el país centroamericano se convirtió en el de más rápido crecimiento económico en América Latina.

El gobernante refirió en su informe que según pronósticos de algunos organismos la economía crecería 3,8% en 2020, levemente superior al esperado 3,5% de 2019. El crecimiento en el periodo 2010-2014 alcanzó los dos dígitos.

“Es indudable que hay condiciones económicas complicadas que todos reconocíamos en campaña, pero asimismo heredó obras en ejecución que ha ido inaugurando sin reconocer que iniciaron en la gestión anterior”, dijo en su cuenta de Twitter el presidente del opositor Partido Panameñista, José Isabel Blandón.

“Recibió un país con retos, pero también con oportunidades”, agregó Blandón, quien fue el candidato presidencial por el partido de Varela en la pasada contienda, en la que fue derrotado rotundamente.

Cortizo aseguró que en la última década la deuda del país se triplicó y ahora se ubica en 30.000 millones de dólares; que la anterior administración “maquilló” las finanzas, sobreestimó los ingresos en 2018 en 1.100 millones de dólares al tiempo en existía una deuda no registrada a proveedores y contratistas por un monto de 1.738 millones de dólares.

Una de las primeras medidas de Cortizo en un esfuerzo por reanimar la economía y poner dinero en la calle fue pagar multimillonarias deudas y compromisos a proveedores del Estado que había dejado de cumplir el gobierno anterior. Ese dinero lo obtuvo el gobierno entrante mediante la emisión de un bono en el mercado internacional por 2.000 millones de dólares.

Pero el opositor Blandón dijo que “como era de esperarse, el presidente Cortizo ha dedicado buena parte de su primer Informe a la nación a justificarse, diciendo que heredó un desastre. En ese sentido, el mismo discurso de todo gobierno que inicia. Según el PRD (Partido Revolucionario Democrático del mandatario), todo es culpa de los últimos 10 años”.

Cortizo también aceptó reveses en el tema de seguridad ciudadana en sus seis primeros meses de administración, con el aumento de 39 homicidios con respecto a los registrados en 2018. Prometió revertir esa situación con una nueva política de prevención, represión y resocialización.

Alrededor de un centenar de manifestantes, principalmente de gremios sindicales y sociales, protestaron en las afueras del Legislativo para exigir una reforma constitucional a través de una constituyente. El gobierno ha llamado a un diálogo nacional para consensuar y mejorar un paquete de cambios a la carta fundamental que avanzó en la Asamblea Legislativa a fines del año pasado en medio de protestas estudiantiles en su contra.

Se trata de las primeras reformas a la carta magna que se discuten en el país en los últimos 15 años y con las cuales se busca mejorar la administración de justicia, la institucionalidad y garantizar una mayor inversión en educación.

Las reformas fueron rechazadas en las calles principalmente por estudiantes universitarios que las consideraron insuficientes, discriminatorias y excluyentes.

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