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Presidente de la corte suprema de Brasil desempatará fallo que puede beneficiar a Lula

Cinco jueces de la corte suprema de Brasil votaron este jueves a favor y otros cinco en contra de un cambio de jurisprudencia que puede conducir a la liberación del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, por lo cual la responsabilidad del desempate recae ahora en el presidente del tribunal.

Los once jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) discuten si una pena de prisión tiene que empezar a cumplirse cuando es confirmada por un tribunal de apelación (segunda instancia), como sucede desde 2016, o solo cuando el acusado agota todos los recursos disponibles.

Los partidarios de la modificación defienden la necesidad de respetar a ultranza la presunción de inocencia, en tanto que los partidarios del statu quo temen una mayor impunidad de la criminalidad de cuello blanco.

Al final de la tarde, el presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, se aprestaba a emitir su voto.

Si Toffoli se inclina por el cambio de norma, las cortes deberán examinar la situación de 4.895 personas, entre ellas Lula. No todas podrían ser liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.

El exmandatario (2003-2010), de 74 años, purga desde abril de 2018 en Curitiba (sur) una pena de 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero.

¿Tercera vía?

Varios juristas piensan que Toffoli podría proponer una vía intermedia: que las condenas se ejecuten solo al ser ratificadas en tercera instancia, penúltimo recurso disponible antes de la corte suprema.

En ese caso el líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) permanecería preso, porque en abril pasado el veredicto fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que es una corte de ese nivel.

La liberación de Lula no lo habilitaría electoralmente, dado que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia. Pero el STF podría modificar también esa norma.

Quienes abogan por el encarcelamiento después de la segunda instancia invocan la lucha contra la impunidad en un país donde las personas capaces de pagarse buenos abogados podían arrastrar sus procesos hasta el plazo de prescripción.

Uno de los jueces contrarios a modificar la norma, Luis Roberto Barroso, consideró que la imposibilidad de encarcelar a personas condenadas en segunda instancia favorecería a quienes pueden pagarse abogados. “El sistema es durísimo con los pobres y bien manso con los ricos”, afirmó.

En el bando contrario, Marco Aurélio Mello advirtió sobre los riesgos de errores judiciales. “Es imposible devolverle la libertad perdida a un ciudadano”, adujo.

La cuestión crea tensiones políticas y sociales.

La organización Vem Pra Rua (VPR), muy activa en las movilizaciones que en 2016 condujeron a la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, cuestionó la integridad de Toffoli y convocó a marchas para el sábado en todo el país.

Los fiscales de la Operación Lava Jato, que llevó a la cárcel a decenas de políticos y empresarios de primer plano implicados en una trama de sobornos en Petrobras, consideraron que una revisión de la jurisprudencia significaría un “retroceso” en la lucha contra la impunidad.

Lava Jato en la mira

Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en la petrolera estatal.

Pero el exsindicalista niega los cargos y se considera un “preso político”, víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Su postura ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de Lava Jato y autor de la primera condena contra Lula.

Lula ve en esa designación una prueba de la parcialidad de Moro y exige la anulación del juicio.

El prestigio de Lava Lato se siguió erosionando con las filtraciones del portal periodístico The Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar connivencias entre Moro y los fiscales de la investigación.

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