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Pizarro: Informe de la ONU permite “dibujar los abusos” de cuerpos de seguridad del Estado

“Es un paso muy importante esto que ha ocurrido el día de hoy, que una misión independiente determine que en Venezuela la violación de los derechos humanos es una política de Estado”, dijo a Efe el diputado Miguel Pizarro, designado por Juan Guaidó como Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas

La oposición venezolana valoró este miércoles como “un paso muy importante” para determinar responsabilidades, el informe de la Misión Internacional de Investigación, encargada por la ONU para documentar la situación de Venezuela, en el que se acusa al Gobierno y a los organismos de seguridad estatales de cometer crímenes de lesa humanidad.

“Es un paso muy importante esto que ha ocurrido el día de hoy, que una misión independiente determine que en Venezuela la violación de los derechos humanos es una política de Estado”, dijo a Efe el diputado Miguel Pizarro, designado por Juan Guaidó como Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas.

“Es importantísimo, sobre todo por ese esfuerzo nuestro de determinar las responsabilidades individuales y las cadenas de mando dentro de los abusos y todas las tropelías que han ocurrido en Venezuela”, añadió.

Pizarro también dijo que el informe “es un paso en la dirección correcta en el largo camino” para la reparación y justicia de las víctimas, y que permite “dibujar los abusos” de cuerpos de seguridad del Estado, como el Dgcim, FAES y Sebin, a los que acusó de ser “brazos de exterminio” y “persecución”.

“Esto vuelve a dibujar a la dictadura (de Nicolás Maduro) como lo que es: un régimen opresor que utiliza las fuerzas del Estado (…) para acallar a la disidencia, a la oposición, a quienes piensan distinto“, prosiguió Pizarro.

Los crímenes identificados por la Misión encargada por la ONU van desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, en una serie de 223 casos que se pudieron investigar y documentar en detalle, a pesar de que el Gobierno venezolano ha negado la autorización para que sus miembros entren al país.

Esos casos están relatados en un informe de 411 páginas elaborado por la Misión, que ha revisado un total de 2.891 casos para poder corroborar el patrón que han seguido estos crímenes en Venezuela, que, “lejos de ser aislados, fueron coordinados y cometidos conforme a políticas estatales”

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