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Piñera decreta estado de emergencia en Chile ante hechos de violencia

El decreto estará en vigencia durante 15 días, tal como lo establece la Constitución, y abarcará las provincias de Malleco y Cautín en La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó este martes estado de emergencia en la región de La Araucanía y también en la región del Biobío, en el sur del país, ante una serie de incendios y hechos delictuales registrados en la zona durante los últimos años.

Frente a los hechos de violencia registrados en los últimos años en las regiones de La Araucanía y del Biobío, hemos decidido decretar estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público», señaló el mandatario en conferencia de prensa desde la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda.

El decreto estará en vigencia durante 15 días, tal como lo establece la Constitución, y abarcará las provincias de Malleco y Cautín en La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco en el Biobío (la provincia y la región tienen el mismo nombre).

El presidente explicó que decidió implementar esta herramienta porque «permite enfrentar de mejor manera, con mejores instrumentos, el crimen organizado y el terrorismo que se ha enraizado en esos territorios».

Asimismo, aclaró que en ningún caso la medida se orienta en contra del pueblo indígena mapuche que reside en la zona.

El estado de emergencia permite al Ejecutivo desplegar a las Fuerzas Armadas para realizar labores preventivas en la zona en coordinación con Carabineros (policía militarizada) y le otorga facultades especiales para eliminar procesos burocráticos a la hora de gestionar tareas de seguridad.

La carta magna permite al mandatario presentar este decreto sin necesidad de una aprobación del Congreso Nacional, pero si decide extender la medida otros 15 días más necesitará obligatoriamente la aprobación de los parlamentarios.

En los últimos años se han registrado una serie de incendios y ataques a maquinarias de empresas forestales, iglesias y predios privados en La Araucanía y el Biobío, cuyas motivaciones han sido vinculadas a organizaciones que defienden las demandas territoriales históricas del pueblo indígena mapuche.

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