El diario plural del Zulia

Piden auditar a Ministerios en Bolivia que otorgaron contratos a empresas de Carlos Gill Ramírez

En esta segunda entrega continuamos dando cuenta de las empresas en Bolivia pertenecientes al venezolano-paraguayo y las cuales, según denuncia, habrían servido llevar a cabo una serie de negociaciones, supuestamente irregulares, con el gobierno del expresidente Evo Morales

Una denuncia del senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, Oscar Ortiz, dirigió todas las miradas y atención a las empresas propiedad del venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, señalado de amasar una gran fortuna a la sombra del chavismo y de los regímenes afines al denominado Socialismo del siglo XXI que impulsó, en y desde Venezuela, el finado Hugo Chávez. El parlamentario instó a la Contraloría boliviana a instrumentar una serie de auditorías en los ministerios que contrataron con Gill Ramírez.

 Como apuntamos en la primera entrega, Carlos Gill Ramírez admitió poseer siete empresas en territorio boliviano, según recoge la revista Economy 21, a saber, Ferroviaria Oriental, Ferroviaria Andina, la constructora Cotienne, OCM Trading, los diarios La Razón y Extra, Tiendas Montana y la Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon)[1].
Empresario privilegiado
  En su denuncia, Oscar Ortiz[2] refiere que el gobierno del expresidente Evo Morales favoreció a las empresas de Carlos Gill Ramírez por encima de otras compañías.
En particular hace mención al proyecto del Tren Bioceánico, para el cual el estado ha debido convocar a diferentes firmas para que concursaran por los contratos para las obras que la ejecución de dicho proyecto conlleva.
  Contrario al deber ser —subraya Ortiz— el gobierno boliviano encabezado por Morales priorizó a una sola empresa y a un solo empresario, Carlos Gill Ramírez, con lo que privilegió la relación que con este mantenía en razón de sus afinidades políticas e ideológicas a la hora de adjudicar los contratos. Privaron, pues, los intereses particulares por encima de los colectivos, advirtió el parlamentario.
El tren bioceánico
  Refiere Ortiz que Gill Ramírez en muchas oportunidades se ha presentado él mismo como pionero del proyecto del Tren Bioceánico y sus declaraciones, coinciden con las inversiones que ha realizado en los últimos años, no sólo en Bolivia sino también en países vecinos como Brasil, Argentina y Paraguay en empresas ferroviarias que trabajan en acuerdos para unir ambos océanos.
  Según ha explicado el propio Gill Ramírez en una entrevista al portal El Deber, el Tren Bioceánico es un proyecto que consta de una de red de vías férreas que permitirán la unión de los puertos brasileños del Atlántico con los puertos peruanos sobre el Pacífico, de manera de crear “una especie de canal de Panamá para trenes” en Sudamérica (…) El bioceánico es un proyecto que debe realizar el Estado boliviano. Nosotros, como el consorcio privado que tiene la concesión, empujamos para que esto suceda”[3].
  El senador Ortiz destaca que Carlos Gill Ramírez ha adquirido la propiedad, participación o concesión de toda la red logística que une estos dos puntos donde ha realizado una serie de inversiones que, si bien preparan el camino para la conformación del corredor bioceánico, también han significado importantes ingresos para sus empresas.
  En Bolivia, Gill Ramírez adquirió las empresas ferroviarias Andina y Oriental, mientras que en Brasil es dueño de 20 por ciento de la empresa Rumo ALL, la cual se conoce formalmente como América Latina Logística (ALL), la cual se dedica a la logística de transporte, especialmente por vía férrea. La compañía posee cuatro concesiones ferroviarias que operan la Malla Oeste de Brasil. Hay que acotar que, en 2013, como lo informa la revista Fortuna, el gobierno argentino le retiró la concesión de trenes de carga a este grupo, debido a incumplimientos e irregularidades[4].
  El consorcio a cargo del proyecto del Tren Bioceánico lo conforman las empresas Rumo, Transfesa, Hub Intermodal de Tres Lagos, Ferroviaria Andina y Ferroviaria Oriental. “Con esto completamos nuestro sueño de hacer el Corredor Bioceánico y ya hoy podemos decir que es una realidad”, dijo Gill cuando explicó su participación en la concesión de la Malla Oeste de Brasil, la cual va desde Corumbá hasta casi Santos. “Con esto completamos nuestro sueño de hacer el Corredor Bioceánico y ya hoy podemos decir que es una realidad”.
  Refiere el denunciante que Carlos Gill Ramírez informó en julio de 2018 que el Tren Bioceánico presentaba 85 por ciento de avance, habiendo transcurrido para entonces 10 años de los 20 programados para poner el proyecto en completo funcionamiento. Agrega que se anunciaron nuevas inversiones por una cantidad que oscila entre 80 y 100 millones de dólares, los cuales permitirían terminar el lado occidental, consistente en un puerto en Rosario, Argentina, obra que garantizaría que la carga boliviana tuviera acceso a un precio razonable. Sin embargo, acota que desde 1969 cuando el gobierno argentino concedió a Bolivia una zona franca en Puerto Rosario, ningún gobierno boliviano se preocupó por invertir en la construcción del terminal.
  Carlos Gill también tiene inversiones en la Hidrovía Paraguay-Paraná, donde su empresa Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon S.R.L.), opera la terminal de granos y aceites de Puerto Aguirre. Allí también hay un terminal petrolero que presta servicios de importaciones de diésel, exportaciones de gasolina, exportaciones de nafta, exportaciones de alcohol, así como también brinda aprovisionamiento de combustibles a remolcadores fluviales. Se trata, según narra Ortiz, de un negocio de gran rentabilidad, lo cual se recoge de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que recopila el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), los cuales indican que en 2018 Bolivia importó 1.213.547 toneladas de diésel por un valor de USD 897 millones, de los cuales el 21 por ciento (258.000 toneladas por un valor de USD 188.37 millones) ingresaron por vía fluvial.
  Se pregunta Oscar Ortiz, por qué razón las empresas ferroviarias Andina y Oriental —propiedad de Gill Ramírez— no han sido nacionalizadas, siendo las únicas en esta condición.
  Recuerda Ortiz la que calificó como respuesta evasiva de Gill Ramírez cuando fue consultado al respecto en 2018, cuando dejó claro que mantenía conversaciones con Evo Morales: “Voy a contestar eso como lo contesté a otras personas. ¿Usted tenía el deseo de que todo fuera nacionalizado? Si se está haciendo un buen trabajo y se permite el crecimiento del país, todo lo contrario. Yo se lo dije también al presidente: ‘estoy sujeto a que me nacionalicen’. Le dije que el día que quiera nacionalizar ferrocarriles llámeme y yo le digo cuánto invertí y me voy”. Con el exmandatario boliviano asegura que conversaba de logística. “Yo soy el pionero del tren bioceánico, es muy importante para Bolivia”[5].
  Este proyecto del Tren Bioceánico tiene eco en Brasil[6], Perú[7], Paraguay[8] y Uruguay[9].
  Ortiz reconoce el empeño y prioridad que Carlos Gill Ramírez le ha dado a este proyecto, pero igualmente advierte que el gobierno de Morales y el MAS llevó a cabo una serie de diligencias diplomáticas internacionales para que el tren oceánico obtuviera respaldo. Una actitud que a ojos del senador Ortiz, “Lamentablemente, no se ha visto con otras iniciativas privadas ni empresariales”.
Ferroviaria Oriental
   En su página web la Ferroviaria Oriental S.A. se define como una compañía que ofrece servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros, así como de logística integral y que “Administra una concesión de 1.244 Km de vía férrea, conectando el entorno que rodea Santa Cruz, al sur con Argentina y hacia el este con Brasil y los mercados mundiales, a través de barcazas que operan en la Hidrovía Paraguay-Paraná”[10].
   La sede principal de la empresa se encuentra en Santa Cruz, en la avenida Montes Final, S/N, Zona Terminal Bimodal.
   El portal de la Bolsa Boliviana de Valores[11] informa que se trata de una sociedad constituida mediante Testimonio Nº 3134/95 el 23 de noviembre de 1995 como Empresa Ferroviaria Oriental SAM que, posteriormente, el 5 de julio de 1996, mediante Testimonio Nº 63/96 se convirtió en Empresa Ferroviaria Oriental S.A. El objeto de la sociedad se modificó mediante Testimonio Nº 792/2002, el 24 de junio de 2002 se modificó el objeto social e, igualmente, mediante Testimonio Nº 1063/2002 cambió la denominación a Ferroviaria Oriental S.A.
   El objeto principal de la firma es “realizar por cuenta propia, ajena y/o asociada a terceros, servicios de transporte, en general, y ferroviario en, particular, pudiendo intervenir en toda clase de sociedades legalmente constituidas en Bolivia o en el exterior, así como las actividades relacionadas a estos servicios e inversiones”.
   Indica que los accionistas de la empresa son: Trenes Continentales S.A., con el 50,0003 por ciento de las acciones; AFP Futuro de Bolivia S.A., con 25,9554 por ciento de las acciones; AFP Previsión BBVA S.A., con 24,9554 por ciento de las acciones; mientras que otros accionistas poseen el 0,0889 por ciento del paquete accionario.
  El directorio de la empresa está constituido por Carlos Enrique Gill Ramírez, presidente; Ignacio Andrés Echeverría Aranda, vicepresidente; Ignacio Bedoya Sáenz, secretario.
  Como directores figuran Rafael Enrique Abreu Anselmi, Kathya Vaca Diez Jiménez, José Antonio de Chazal Palomo, Wu Long Le.
   Los directores suplentes son Rodrigo Andrés Iturri Sandoval, Mauricio Sergio Rodrigo Arturo Costa Du Reis Flores, Dubraska Elena Inojosa Avellanada, Amelia Ibarra, César Eduardo Rodríguez Gómez, Mauricio Etienne Solares Solares.
  Carlos Butteler Bravo y Pablo Herrera Suárez son síndicos; mientras que Hugo Enrique Riskowsky Arraya y Mario Torrico Montaño, figuran como síndicos suplentes.
Como informa el portal Poderopedia[12], en Venezuela Rafael Enrique Abreu Anselmi, fue relacionado en un caso de corrupción en el Banco Latino en 1993. Por ello, se le acusó de estafa continuada y agavillamiento.
  Carlos Gill Ramírez llegó a Ferroviaria Oriental S.A. en junio de 2014, cuando compró al Grupo Genesse & Wyoming Inc. de Estados Unidos el 50 por ciento de las acciones que esta poseía en la empresa que presta servicios en los departamentos de Santa Cruz y Tarija con conexiones a Brasil y Argentina. Figuró como director de la sociedad en las gestiones 2016, 2017 y 2018.
  El empresario venezolano-paraguayo asegura que recibió una empresa en muy mal estado que solamente movía un millón de toneladas de soya, mientras que en la actualidad la soya representa sólo el 23 por ciento de la carga que transportan. En la entrevista que citamos anteriormente dijo que “Cuando se dio la posibilidad de consolidar la sociedad en la ferroviaria vimos el Canal de Panamá en Sudamérica, que es la gran ventaja de Bolivia, vimos la hidrovía con salida a Rosario y ¿ qué más vimos? El granero del mundo”.
  Esas habrían sido las razones para invertir en la empresa que ahora transporta 2,2 millones de toneladas en 1.500 vagones y en la que ha invertido 250 millones de dólares.
Ferroviaria Andina
   La página de la Bolsa Boliviana de Valores informa que Empresa Ferroviaria Andina S.A.[13] tiene su oficina principal en La Paz, en la Calle Delgado (Calle 1 de Achumani), N° 156, (casi esq. Av. Tomasa Murillo). Los teléfonos de la compañía son (591-2)2184555 y 2184597. Correo electrónico  [email protected].
   Según Testimonio 86/1996, Empresa Ferroviaria Andina S.A. tiene por objeto principal “realizar por cuenta propia y/o asociada con terceros, la explotación, operación, administración, comercialización, organización y prestación de servicio público de transporte ferroviario, comprendiendo principalmente el transporte de pasajeros y carga, la compra, venta , mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones, vinculadas con la actividad de transporte, la prestación de servicios de asesoramiento, consultoría, asistencia técnica en materia de transporte, servicios intermodales y combinados, mediante las concesiones y licencias correspondientes, así como el cumplimiento y ejecución de cualquier acto o gestión vinculado o relacionado directa o indirectamente a dichas actividades para la explotación de servicios relacionados con la red andina”.
  Los accionistas son Inversiones Bolivian Railways S.A., con 50,0038 por ciento de las acciones; AFP Futuro de Bolivia S.A. con 24,9644 por ciento de las acciones; AFP Previsión BBVA S.A., con 24,9644 por ciento de las acciones; otros con 0,0590 por ciento; Eduardo Mac Lean Abaroa con 0,0038 por ciento; Victor Ibañez Oblitas, con 0,0015 por ciento; Jorge Ardaya Calderón, con 0,0008 por ciento;  José Cáceres Choque, con 0,0008 por ciento; Rene Torrico Sempertegui, con  0,0005 por ciento; Augusto Oblitas Garcia, con 0,0005 por ciento; y Anna Monje Estrada con 0,0005 por ciento.
   El directorio de la empresa está conformado por Rafael Enrique Abreu Anselmi, Jorge Alberto Ortiz Saucedo, Mauricio Etienne Solares, Carlos Enrique Gill Ramírez, Gerardo Roberto Velasco Téllez, Jorge Mauricio Galindo Canedo, Leonor Montiel Parra, como directores titulares.
  Los directores suplentes son José Gabriel Espinoza Yañez, César Eduardo Rodriguez Gómez, Eduardo Bedoya Corujo, Carlos Jorge Gómez Nuñez.
  Raúl Villarpando Salamanca y Rodrigo Víctor Argote Pere, son síndicos; y Fernando Palacios es síndico suplente.
Carlos Gill Ramírez compró la mitad de las acciones de la Empresa Ferroviaria Andina en septiembre de 2015, al Grupo chileno Luksic, el cual opera en Oruro y Potosí y se encarga de la conexión con Chile. Este Grupo, es también propietario de FCAB Ferrocarril de Antofagasta, línea férrea que une el puerto de Antofagasta con Oruro.
  Informó que compró tres locomotoras nuevas de tecnología suiza, las cuales comenzarían a llegar en febrero de 2019, de manera de poder responder a proyectos como la urea, el cemento y el hierro, en los cuales el estado boliviano mantiene empresas estratégicas y tiene grandes inversiones. Al respecto, una nota de La Razón especificó que las locomotoras tenían “la capacidad de transportar 3.200 toneladas, son de última generación suministradas por la compañía suiza Stadler para fortalecer el transporte de carga de Ferroviaria Andina y se invirtieron 15 millones de dólares para su adquisición”[14].
  El periodista peruano, Jaime Bayly, acusó a Carlos Gill de haber recibido USD 30 millones, de manera irregular, de parte del ex-escolta de Hugo Chávez, Adrián Velázquez, actualmente detenido en España. El comunicador, según recoge una nota de El Diario[15], sostiene que el “empresario chavista” buscó protección en República Dominicana para lavar dinero.
   Adrian Velazquez, esposo de la ex-tesorera Claudia Díaz están sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por estar involucrados en un gigantesco esquema de corrupción y lavado de dinero encabezado por Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo, Alejandro Andrade, Leonardo González Dellán y otros sujetos que son prófugos de la justicia norteamericana por la trama que envuelve más de 2.400 millones de dólares en corrupción expoliados del erario público venezolano[16].
Refiere la reseña que Gill Ramírez y otros “chavistas (Carlos Aguilera, Said Aurelio Cabrera y Maximiliano Camino) entregaron “generosos aportes al expresidente dominicano Leonel Fernández, en busca de protección para poder realizar tareas de lavado de dinero”.
  Jaime Bayly indicó que esta información proviene de fuentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y agregó que “Estos cuatro personajes, todos de origen venezolano, Aguilera, Cabrera, Gill Ramírez y Camino, avecindados en República Dominicana, con la protección del presidente Danilo Medina y del expresidente Fernández comparten su dinero quizás a cambio de protección. La inmunidad no sale gratis, si tú quieres que te sigan protegiendo, entonces tienes que ‘mojarte’”.
  Carlos Gill Ramínrez rechazó las acusaciones diciendo “Con relación a las declaraciones que en los últimos días el presentador de televisión Jaime Bayly realizó haciendo alusión a mi persona, relacionándome con asuntos ilícitos y corruptos, puedo decir con claridad que carecen de total asidero y que están muy lejos de la realidad’ (…) las aseveraciones de Bayly son irresponsables (y) no miden las consecuencias sobre las personas a las que afecta”.

 

 

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