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Panamá decretó proceso de regularización para inmigrantes

Este viernes entró en vigencia un nuevo proceso de regularización migratoria para los extranjeros en Panamá, para aquellos que tienen más de un año en el país en condición irregular. Por medio del decreto ejecutivo 167.

"Hoy establecemos procedimientos ágiles y transparentes que permitirán al Estado tener información actualizada sobre los inmigrantes que se encuentran en Panamá, de modo que se legalicen y contribuyan de manera formal con la economía nacional", anunció el presidente, Juan Carlos Varela.

El "Procedimiento de Regularización Migratoria General", consiste en un permiso provisional de residencia por dos años para quienes cumplan con los requisitos.

Entre las condiciones para aplicar a esta modalidad migratoria se encuentran: contar con un año de estadía en el país al momento de promulgación del decreto y no haber permanecido fuera de Panamá por más de treinta días seguidos o fraccionados, no tener otro trámite de migración abierto, y presentar documentación personal, de residencia, una declaración jurada de responsabilidad de un tercero (residente permanente o nacional panameño), y el historial de antecedentes policiales o penales.

Además, se solicitará demostrar la afiliación a la Caja del Seguro Social o mostrar un Paz y Salvo emitido por el ente recaudador, la Dirección General de Ingresos.

Estos últimos requisitos no eran solicitados en las extintas ferias migratorias denominadas "Crisol de Razas", creadas en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) y suspendidas por el Gobierno de Varela en 2014 tras la legalización masiva de unos 67.000 inmigrantes.

Asimismo, queda finalmente derogado con el decreto 167, para aplicar al nuevo procedimiento se debe acudir al Servicio Nacional de Migración tal y como se solicitan los otros tipos de residencia.

Los interesados deberán además responder a una entrevista personal para que las autoridades evalúen si procede o no el trámite. Los costos de este tipo de residencia van desde los 517 dólares para los oriundos de países que tienen acuerdos de supresión de visa con Panamá, hasta los 2.102 dólares para aquellos de "nacionalidades restringidas".

El decreto estipula que el 80 % de los fondos recaudados irán al Ministerio de la Presidencia, "para ayuda social y seguridad", y el 20 % a un fondo para el desarrollo del recurso humano del Servicio Nacional de Migración (SNM).

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