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Países Bajos pospuso visita de Rodríguez a la CPI por "asuntos pendientes de seguridad"

No se especificó "el problema de seguridad" que tendría el avión de Conviasa ni para qué fecha se habría aplazado el viaje, pero se aseguró que el gobierno de Países Bajos se encuentra en contacto directo con las autoridades venezolanas para facilitar el viaje

Un portavoz del Ministerio de Exteriores de los Países Bajos informó que la visita de una delegación venezolana, encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para reunirse en La Haya con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, fue suspendida por “asuntos pendientes sobre la autorización de seguridad” del avión de traslado.

No se especificó "el problema de seguridad" que tendría el avión de Conviasa ni para qué fecha se habría aplazado el viaje, pero se aseguró que el gobierno de Países Bajos se encuentra en contacto directo con las autoridades venezolanas para facilitar el viaje de la funcionaria y el resto de la comitiva.

El portavoz también negó a la agencia EFE que el impedimento para ingresar a Países Bajos vía aérea se deba a que Rodríguez está en una lista de funcionarios de la administración de Maduro sancionados por la Unión Europea desde 2018, lo que implicaría la prohibición de entrada a territorio comunitario.

La visita no habría sido pospuesta por este motivo ya que Países Bajos ha concedido una excepción a las existentes sanciones de la UE, con el único propósito de que asista a una reunión en las instalaciones de la CPI", explicó el portavoz a la agencia de noticias.

En una alocución transmitida por VTV, Rodríguez denunció el impedimento para el traslado aéreo, pese la reunión concertada con Khan para este martes 14 de diciembre.

Aseguró que se trata de una "estrategia" para crear confusión y obstaculizar que Venezuela cumpla con las acciones para defenderse de las acusaciones por delitos de lesa humanidad, motivo por el cual hay un proceso abierto en la CPI.

El 3 de noviembre, Khan informó a Maduro que el examen preliminar, que se abrió en 2018, contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad, avanzó hacia una nueva nueva fase; es decir, la de investigación formal que apunta a los responsables individuales y toma en cuenta la cadena de mando.

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