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ONU pide a Argentina una reparación para la diputada detenida arbitrariamente

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha pedido al Estado argentino que libere de inmediato a la activista y diputada del Parlasur Milagro Sala, detenida de forma “arbitraria” desde enero pasado, y que además le conceda una reparación adecuada, incluida una compensación.

En el documento publicado este jueves de la opinión que la ONU adoptó en su sesión de finales de agosto, el Grupo de Trabajo recuerda a Buenos Aires que las víctimas de una detención arbitraria tienen “el derecho a buscar y obtener reparaciones del Estado”.

Ello incluye la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, señalan los expertos independientes de la ONU, que solicitan además al Gobierno argentino que informe en un plazo de seis meses si ha tomado medidas para implementar la opinión.

En concreto, piden a Buenos Aires que informe sobre si Sala ha sido liberada, si se ha realizado algún tipo de indemnización o compensación y si se ha llevado a cabo alguna investigación sobre la violación de los derechos de la activista y diputada del Parlasur.

También solicita el Grupo de Trabajo a Argentina que indique si se ha efectuado alguna modificación legislativa o algún cambio en la práctica con el fin de que se armonicen las leyes del Gobierno y la práctica junto a las obligaciones internacionales.

Sala, que está en una prisión de Jujuy desde el pasado 16 de enero y es referente de la Organización Barrial Tupac Amaru, parte de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy (ROS), fue incriminada en dos expedientes, principalmente.

Se le acusa de haber cometido los delitos de instigación, tumulto, entorpecer la circulación y sedición por el hecho de haber participado en una protesta social (acampe) y en consecuencia fue privada de la libertad el 16 de enero.

El 29 de enero de ese año, el juez titular del Juzgado de Control No. 3 de Jujuy ordenó su excarcelación, pero, a pesar de esa resolución, Sala permaneció privada de la libertad, por una causa que se abrió un día antes, según consta en el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

El 18 de marzo se promovió por el Ministerio Público acción penal pública en contra Sala en su carácter de jefa de una asociación ilícita, como coautora de los delitos de extorsión y fraude contra la discriminación pública.

La investigación penal por estos delitos surgen de las advertencias sobre irregularidades que efectuó en el año 2010 la Auditoría General de la Nación sobre la utilización de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas y obras habitacionales, según el documento de la ONU.

El informe del Grupo de Trabajo, que incluye la versión de la fuente y del Gobierno, indica que resulta “asombroso” que una Auditoría haya arrojado resultados hace 6 años y que sus efectos legales y procesales “surtan efectos justo en el contexto en el que Sala participa en una protesta social pacífica y días después de que un juez estuviera por determinar su excarcelación”.

El Grupo de Trabajo pudo constatar, señala asimismo, que a Sala “se le obstaculizó el derecho a la defensa jurídica por diferentes medios”, y “pareciera” que uno de los argumentos centrales del Gobierno para justificar la detención preventiva se basaba en la gravedad del delito y no en elementos como el riesgo de fuga o de que pueda afectar las pruebas o el buen desahogo del proceso penal.

Los expertos constataron que la privación de libertad de Sala, al no mediar el procedimiento de desafuero de Sala, “se llevó a cabo en contravención del ordenamiento jurídico aplicable”.

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