ONU condena asesinato de periodista mexicana
Las oficinas en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron el reciente asesinato de la periodista Anabel Flores Salazar.
Ambas oficinas expresaron solidaridad con los familiares de Flores, reportera del periódico El Sol de Orizaba del estado de Veracruz, así como con sus colegas periodistas y la sociedad veracruzana en su conjunto.
A través de un comunicado, alentaron a las autoridades mexicanas a investigar el asesinato "con una perspectiva de género, considerando múltiples líneas de investigación y evitando la estigmatización de la víctima".
Instaron también a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para sancionar a los responsables de la violencia contra los periodistas en el país.
La víctima fue reportada como desaparecida el lunes 9 de febrero después de que un grupo armado la sacara por la fuerza de su domicilio en Veracruz. Su cuerpo fue localizado al día siguiente en Puebla.
Fotos de la periodista muerta y semidesnuda fueron exhibidas en varios medios de comunicación, hecho calificado por ONU-Mujeres y ONU-DH como un "atentando contra su dignidad".
De acuerdo con los datos publicados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Veracruz es el estado mexicano con el mayor número de periodistas asesinados con 15 casos entre enero de 2005 y julio de 2015, que se suman a cuatro casos de comunicadores desaparecidos.
El caso de Flores se une al de otras comunicadoras asesinadas en Veracruz como Yolanda Ordaz de la Cruz y Regina Martínez, el 26 de julio de 2011 y el 28 de abril de 2012, respectivamente, así como Iracema Becerra, el 3 de mayo de 2012 junto con los reporteros Esteban Rodríguez, Gabriel Huge y Guillermo Luna.
Las oficinas en México de ONU Mujeres y ONU-DH recordaron que el 3 de noviembre 2015 autoridades estatales y federales adoptaron un convenio para la implementación de medidas que garantizaran condiciones para la libertad de expresión en Veracruz.
Asimismo, refrendaron su compromiso para cooperar con las autoridades mexicanas para reforzar las políticas y la institucionalidad existente en materia de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país.
