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Oficina de Michelle Bachelet insta a investigar muerte del Raúl Baduel

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas pidió al Gobierno venezolano que garantice "la atención médica para todos los detenidos, que se considere medidas alternativas a la detención y se liberen a los detenidos arbitrariamente"

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacdh) lamentó este miércoles la muerte en prisión del militar Raúl Isaías Baduel, considerado «preso político» desde su detención en 2009, y solicitó a las autoridades venezolanas que «garanticen una investigación independiente«.

Según informaron ayer las autoridades venezolanas, Baduel, de 66 años, falleció por una parada cardiorrespiratoria como consecuencia del Covid-19, aunque su familia niegue esta teoría.

La Oacdh también pidió al Gobierno venezolano que garantice «la atención médica para todos los detenidos, que se considere medidas alternativas a la detención y se liberen a los detenidos arbitrariamente«.

La organización Amnistía Internacional también exigió este martes el esclarecimiento de la muerte del militar venezolano y denunció que pasó años detenido en «condiciones inhumanas».

Baduel, quien fue fiel aliado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), fue considerado como el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002. También fue ministro de Defensa entre 2006 y 2007.

Posteriormente, se pronunció contra la supuesta deriva totalitaria y la propuesta de reforma constitucional del difunto presidente Hugo Chávez, así como de su sucesor, Nicolás Maduro.

En 2009, fue arrestado e inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta que concluyera su condena y en 2015 se le otorgó libertad condicional.

Sin embargo, según la Justicia venezolana, incumplió las premisas de la libertad condicional, por lo que volvió a la cárcel en 2017, año en el que debería haber finalizado su pena.

Posteriormente, le fueron imputados nuevos delitos, entre ellos contra la integridad de la nación y la independencia, lo que llevó a que su detención se prolongara de manera indefinida.

Su caso fue incluido en diversos informes de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, y de la Misión de Determinación de los Hechos.

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