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Más de 200 indígenas desplazados por amenzas del ELN en Colombia

Más de 200 indígenas, entre ellos un centenar de niños, han sido desplazados esta semana de sus territorios en el centro de Colombia por amenazas atribuidas a miembros de la guerrilla del ELN, informó este viernes la estatal Defensoría del Pueblo.

La entidad brinda apoyo a 239 personas, entre ellas 103 menores, de las comunidades indígenas de la reserva Gitó Dokabú, en el departamento de Risaralda, “afectados por la presencia de hombres armados del ELN”, según informó en un comunicado.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), segunda guerrilla del país después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), se apresta a lanzar la próxima semana en Quito negociaciones de paz con el gobierno para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.

“Hace dos días, comunidades indígenas de esa reserva denunciaron amenazas del ELN y debieron desplazarse de forma forzada y masiva a la capital del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, lindero con Chocó”, un aislado y selvático departamento del noroeste, dijo a la AFP Mauricio Redondo, defensor delegado para Desplazados.

“Se les está prestando ayuda humanitaria para su estancia”, agregó. Entre los damnificados hay cinco niños y dos mujeres embarazadas “en delicado estado de salud”, según el texto.

Redondo dijo que de acuerdo con los testimonios de los desplazados, el ELN está ocupando zonas con presencia histórica de las FARC, lo cual es “motivo de preocupación” para las autoridades.

Este fin de semana las autoridades indígenas evaluarán las condiciones de seguridad para un eventual retorno digno de los desplazados, añadió.

El gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN, con unos 1.500 combatientes según cifras oficiales, dijeron que instalarán el 27 de octubre de una mesa formal de negociaciones, tras acercamientos secretos desde enero de 2014.

Los diálogos públicos, anunciados inicialmente en marzo, han estado en suspenso, supeditados a la liberación por parte del grupo armado de todos los secuestrados en su poder, la misma condición impuesta por el gobierno a las FARC para iniciar conversaciones de paz en Cuba en 2012.

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