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La OEA es acusada de debilitar lucha contra la corrupción en Honduras

Juan Jiménez Mayor renunció la noche del jueves como jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, enfrentó duras críticas este viernes en Honduras, donde diversos sectores lo acusan de debilitar la lucha contra la corrupción emprendida por una misión del organismo continental, dirigida por el peruano Juan Jiménez Mayor.

Jiménez renunció la noche del jueves como jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) argumentando que Almagro se ha negado a recibirlo desde agosto.

El secretario de la OEA aceptó la renuncia en una carta “al pueblo hondureño” divulgada el viernes, en la que desmintió que se hubiera negado recibir a Jiménez.

Un día antes de la dimisión, Almagro envió una nota al presidente hondureño Juan Orlando Hernández en la que lamentó que la MACCIH no haya obtenido resultados en el combate a la corrupción.

“Será necesario fortalecer el funcionamiento de la MACCIH dado que, a pesar de haber tenido recursos y plena libertad de acción por parte de la secretaría general, no ha sido capaz de arrojar los resultados en cuanto a investigaciones y procesamientos por casos de corrupción que hubiéramos deseado”, señaló Almagro en la carta.

Tales comentarios fueron interpretados en Honduras como críticas directas a la labor del exministro peruano al frente de la MACCIH.

El influyente Colegio Médico de Hondureño catalogó como “irresponsables” los señalamientos de Almagro contra Jiménez y denunció que “condenan a la muerte al pueblo hondureño“, al frenar el combate a la corrupción.

“Monumental error del secretario general de la OEA, Luis Almagro, minimizar los esfuerzos y resultados del contingente de expertos anticorrupción que dirige Juan Jiménez Mayor en el país”, afirmó en un comunicado Omar Rivera, miembro de la no gubernamental Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

Los problemas de la MACCIH se agudizaron cuando en diciembre pasado, por una investigación de su equipo, la fiscalía acusó a cinco diputados de recibir dinero del gobierno para financiar proyectos sociales, y lo desviaron a sus cuentas personales.

Ante ello, el Congreso reformó en enero pasado una ley que retiró de la justicia ordinaria las investigaciones a diputados y las pasó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), lo que Jiménez tildó como un “pacto de impunidad”.

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