La Justicia cubana se defiende tras las acusaciones por los recientes fallos del 11-Jul
La Justicia cubana salió a defenderse luego de que activistas denunciasen la actuación de jueces y fiscales involucrados en las sentencias más recientes sobre las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado.
La oficialista Unión de Juristas de Cuba (UNJC) y hasta el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, respondieron a las ONG y activistas que publicaron los nombres de jueces y fiscales implicados en las últimas causas y los acusaron de un presunto delito de prevaricación.
El detonante de esta situación fue el anuncio el pasado miércoles del fallo por las protestas del 11 de julio, en el que se condenó a 127 personas a un total de 1.916 años de cárcel, por los delitos de hurto y sedición.
Entre ellas había dos sentencias a 30 años de prisión y siete condenados de entre 16 y 17 años (la edad penal mínima en Cuba son los 16). Otro menor recibió una pena de cuatro años de "trabajo correccional sin internamiento". De todos los encausados, solo uno fue absuelto.
La disidencia respondió poco después, volcándose en las redes sociales. Como en otras ocasiones, calificaron de excesivas las condenas y criticaron las penas para menores de edad.
Destacó entre todas esas voces la campaña de la ONG Cubalex y el colectivo Justicia 11J, implicadas en el seguimiento de los procesos del 11J, que decidieron publicar una lista de jueces y fiscales implicados en las sentencias.
"Comparte los rostros y nombres, que a donde quiera que vayan sepan qué han hecho y quiénes son. Nombres de los fiscales responsables de las sentencias", escribía Cubalex al inicio de un hilo en Twitter, publicado el jueves, en el que desvelaba 35 nombres, algunos con fotografía.
La campaña justificaba la revelación de las identidades, como explicó la activista Salomé García Bacallao, e iba más allá.
"Son funcionarios públicos y que su identidad sea expuesta es parte del derecho a la publicidad de los procesos judiciales que le han negado a los manifestantes del 11J", argumentó García.
Además, acusó a jueces y fiscales de haber "violado el debido proceso" y haber cometido el delito de "prevaricación" -dictar intencionadamente una sentencia injusta o contraria a la ley-, en este caso, por indicaciones políticas.
Algunos medios independientes cubanos se hicieron eco de la campaña, incluyendo las listas de nombres completos y sus correspondientes imágenes.
Prevaricación versus protección
La reacción por parte de la Justicia cubana no tardó, empezando por el presidente del Tribunal Supremo.
"¿Cuál es la catadura moral de quienes, desde el anonimato o la distancia, osan amenazar a los jueces cubanos? ¿Qué pretenden? ¿Quiénes así actúan son acaso personas decentes y de bien? ¿Quieren sembrar miedo? ¡¡SE EQUIVOCAN!!", escribió en Twitter Remigio Ferro.
El diputado de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y secretario general de la UNJC, Danhiz Díaz Pereira, lamentó las "amenazas a personas dignas" y subrayó que los jueces "protegen, además de la patria, la legalidad socialista".
La filial de la UNJC en La Habana emitió por su parte una declaración, recogida este lunes por medios oficiales, que asegura que abogados y fiscales actuaron "apegados al debido proceso", rechaza la "manipulación mediática" y advierte que "contra todo aquel que intente subvertir" la justicia con "amenazas", "descrédito" o "facilitando la información", "caerá todo el peso de la ley".
"Por cada colega amenazado, lo multiplicaremos por decenas de miles a todo lo largo y ancho, dispuestos a cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por el fusil y la trinchera", sigue el comunicado según la versión recogida por el medio oficial Cubadebate.
El presidente de la filial habanera de la UNJC criticó los "algoritmos y matrices de opinión subversivas" y defendió la "profesionalidad" de fiscales y jueces, quienes a su juicio cumplieron el "más estricto principio procesal" tras los "hechos vandálicos" cometidos el 11 de julio.
Las sentencias publicadas la semana pasada correspondían a las seis causas instruidas a raíz de los sucesos del 11 de julio en Esquina de Toyo y La Güinera, ambas en las afueras de La Habana.
Allí se registraron algunos hechos violentos de unas protestas antigubernamentales que se produjeron de forma espontánea en múltiples ciudades del país y fueron mayoritariamente pacíficas.
