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La Justicia británica frena los planes del Gobierno para el "brexit"

La Justicia británica asestó este jueves un duro golpe al Gobierno de la conservadora Theresa May al dictaminar que este "no tiene potestad" constitucional para ejecutar el "brexit" sin obtener previa autorización del Parlamento.

El Tribunal Superior de Londres falló a favor de un grupo de ciudadanos, encabezado por la empresaria Gina Miller, que cuestionó que el Ejecutivo pueda activar unilateralmente, sin mediar votación parlamentaria, el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que daría inicio al periodo de dos años de negociaciones para salir de la Unión Europea (UE).

Al pronunciar su dictamen, que niega que el Gobierno pueda recurrir a la llamada "prerrogativa real" para impulsar sus planes, el jefe de los jueces, John Thomas, aclaró que la decisión "es una pura cuestión legal".

"El tribunal no valora ni expresa ninguna opinión sobre los méritos de abandonar la Unión Europea: esa es una cuestión política".

El Gobierno ya ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial, que se pronunciará con urgencia, mientras que la primera ministra hablará mañana, viernes, con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, para analizar el veredicto.

El ministro de Comercio Internacional y abanderado del "brexit", Liam Fox, dijo en la Cámara de los Comunes que el Gobierno "está decepcionado con la decisión del tribunal".

"El país votó por salir de la Unión Europea en un referéndum (en junio pasado) aprobado por una ley del Parlamento y el Gobierno está decidido a respetar el resultado del referéndum", en el que casi un 52 % de los británicos apoyó abandonar el bloque europeo.

Por su parte, Miller, directora de un fondo de inversión, afirmó que el fallo judicial afecta "a todo el Reino Unido y al futuro de todos" y pidió al Ejecutivo que tome "la sabia decisión de no apelar".

El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, demandó al Gobierno que presente cuanto antes "los términos de la negociación con Bruselas ante el Parlamento", a fin de que los diputados puedan analizarlos y proceder a la votación ahora exigida.

May anunció durante el reciente congreso anual del Partido Conservador su intención de activar el Artículo 50 antes de finales de marzo de 2017, un plan que ahora dependerá de la decisión de los tribunales.

Si el Supremo refrenda el dictamen de este jueves, es difícil que se cumpla el plazo, ya que implicaría que los Comunes deben legislar para autorizar esa activación, lo que, presumiblemente, solo harán tras llegar a un acuerdo sobre los términos del "brexit".

En todo caso, pese a que eventualmente pueda celebrarse una votación parlamentaria, algunos consideran improbable que una mayoría de diputados busque bloquear la salida de la UE, revirtiendo así la voluntad de los ciudadanos expresada en el referéndum.

La decisión del Tribunal Superior motivó la subida de la libra esterlina, que se revalorizó hasta un 1,54 % frente al dólar y un 1,38 % con el euro, tras haber registrado continuas caídas desde la celebración del plebiscito.

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