Justicia sudafricana ordena establecer comisión de investigación sobre corrupción del Gobierno
La justicia sudafricana ordenó este miércoles establecer una comisión de investigación para abordar un informe de 2016 en el que se acusaba al presidente de Suráfrica, Jacob Zuma, y a varios altos cargos de ilegalidades en la concesión de contratos públicos para beneficiar a una familia de empresarios afines.
El veredicto llegó desde el Tribunal Superior de Pretoria, que además determinó que Zuma debe hacerse cargo personalmente de los costes legales derivados de los intentos de bloquear el informe, elaborado por la entonces defensora del pueblo, Thuli Madonsela.
Al dar a conocer la decisión, el presidente de la sala, el juez Dunstan Mlambo, consideró que Zuma actuó de forma "imprudente" y "no razonable" al solicitar revisiones del informe, en lugar de hacerse cargo del problema.
El tribunal consideró justificado, por ello, que los costes sean asumidos personalmente por Zuma y ordenó al Gobierno que, tal y como pedía la propia defensora del pueblo en el informe, se tomen las medidas para establecer una comisión de investigación judicial sobre las acusaciones, en un plazo máximo de 30 días.
Tras hacerse público el veredicto, el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) aseguró en un comunicado que la decisión es "bienvenida".
"La comisión de investigación judicial dará a todo el mundo una oportunidad de contar su lado de la historia", indicó el partido, que expresó su confianza en que el presidente y líder de la formación actuará "en concordancia" y "sin retraso", en el interés del país.
Por su parte, el principal partido de la oposición, la Alianza Democrática (DA), consideró este paso como una "victoria" y avanzó que mañana presentará cargos contra Zuma por presunto perjurio y por obstaculizar el trabajo judicial.
En su informe, Madonsela expuso lo que denomina una "captura del Estado" por parte de los empresarios de la familia Gupta, de origen indio y sudafricanos de adopción, que en los últimos años consiguieron lucrativos contratos públicos con el Estado en sectores como la minería, el transporte o la comunicación.
No es el único revés judicial sufrido en los últimos tiempos por Zuma, quien abandonará el poder en 2019 tras cumplir su segundo y último mandato presidencial permitido por la Constitución.
En octubre pasado, el Tribunal Supremo de Apelación (TSA) rechazó la apelación del presidente contra la reinstauración de 783 cargos por corrupción que le habían sido retirados en 2009.
Además, el pasado año, Zuma tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada, según había expuesto también Madonsela.
