Justicia española analiza material del "Pollo" Carvajal sobre pagos del chavismo
La Audiencia Nacional estudia detenidamente la última tanda de documentos remitidos a dicho órgano por el exjefe de la inteligencia militar de Venezuela, Hugo, el “Pollo”, Carvajal. A punto de cumplirse el plazo otorgado por el magistrado Manuel García Castellón para que acreditase con papeles lo manifestado en sede judicial, el exgeneral del Ejército bolivariano ha entregado documentos que probarían pagos millonarios que tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro habrían girado a la excúpula de Podemos.
Esta última tanda de material remitida a la Audiencia viene a complementar la entregada hace apenas unos días, de un contrato de asesoramiento que habría firmado el despacho de Baltasar Garzón con la petrolera estatal Pdvsa por 8,8 millones de dólares.
Aunque esta documental no logró convencer a los investigadores, no ocurre lo mismo con las últimas pruebas aportadas en el marco del procedimiento abierto por terrorismo internacional en el Juzgado Central de Instrucción número 6.
Según confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli, los papeles entregados por el que fuera jefe de la contrainteligencia bolivariana sí que serían significativos y vendrían a respaldar el testimonio prestado el lunes 20 de septiembre en sede judicial. Entonces, el ‘Pollo’ -que está pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por delitos de tráfico de armas y de droga- apuntó no solo a asuntos relacionados con las FARC y ETA, sino también con presuntos pagos de Venezuela a políticos españoles.
Al respecto, se comprometió a entregar documental a la Audiencia Nacional que soportase lo manifestado.
El juzgado no descarta citarle de nuevo en el marco de esta causa, aunque prefiere esperar a analizar los escritos aportados. Entre ellos se encuentra un documento firmado por Hugo Chávez relativo al presunto pago cercano a los 7 millones de dólares a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), estrechamente ligada a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.
El documento en cuestión, firmado en mayo de 2008, hacía alusión a los dos fundadores de la formación morada, además de Jorge Verstrynge, a quienes se refirió como “aliados naturales de la revolución bolivariana”, según informó ABC en 2016.
El papel destacaba los servicios de consultoría prestados por la fundación, así como su intención de impulsar esta corriente ideológica en España. Con todo, el ‘Pollo’ Carvajal -que también hizo alusión en sede judicial a los supuestos vínculos del chavismo con el grupo terrorista Hezbolá- ha proporcionado, además, otros papeles que acreditaría la relación del chavismo con Podemos.
Se trata de un documento relativo a una orden de pago de 142.000 dólares de la administración de Nicolás Maduro a la también fundadora de Podemos Carolina Bescansa, y a Jorge Lago y Ariel Jerez.
Análisis de la documentación
La entrega de todo este material se produce en el marco de unas diligencias reabiertas en la Audiencia Nacional a petición expresa del exjefe de la inteligencia militar de Venezuela. Carvajal solicitó al juez declarar en el marco de estas pesquisas sobre terrorismo internacional mientras se resuelve el recurso interpuesto por su defensa contra la decisión del Ministerio del Interior de denegarle asilo.
Tras comparecer en sede judicial el pasado 20 de septiembre, su abogada María Dolores de Argüelles, mostró su rechazo a una extradición a Estados Unidos asegurando que su cliente no tendría un juicio justo.
Su entrega -aprobada también en Consejo de Ministros en marzo de 2020- está pendiente de que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se pronuncie sobre el recurso interpuesto a su negativa de concederle el asilo. Sin embargo, la existencia de este procedimiento penal y su voluntad de colaborar con la Justicia, podría dilatar un poco más la extradición que hizo efectiva la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en noviembre de 2019. Aunque en un primer momento se denegó su entrega por parte de los primeros magistrados que estudiaron el asunto, finalmente el Pleno se pronunció en sentido contrario.
El auto que firmaron los 18 magistrados de la Sala de lo Penal razonaba que no se podía alegar que los delitos que le atribuye Estados Unidos los cometió en su condición de militar. Al contrario, manifestaron que su presunta integración en el Cártel de los Soles para facilitar la entrada de cargamento de cocaína en dicho país “afectaba a intereses generales ajenos al ámbito estrictamente castrense”.
“El delito de tráfico de drogas que se imputa al reclamado no se cometió en ninguna instalación militar (…) y la droga iba destinada al mercado clandestino civil de los Estados Unidos”, precisó el auto.
