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Irán busca reforzar ley para sancionar a mujeres que no usen velo

El texto prevé sanciones financieras por "la promoción del desnudo" y la "burla del hiyab". Las personas que no cumplan con la norma podrían pasar entre 5 y 10 años en la cárcel, indica el proyecto. El documento aprobado por el Consejo de los Guardianes de la Constitución

El Parlamento iraní aprobó este miércoles un proyecto de ley que refuerza las sanciones contra las mujeres que no usen el velo obligatorio en lugares públicos, reportaron medios oficiales.

El instrumento fue adoptado cuatro días después del primer aniversario de la muerte en custodia de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años que fue detenida por la policía por haber presuntamente vulnerado el código de vestimenta para las mujeres. El caso provocó un amplio movimiento de protesta en el país.

"Los diputados aprobaron la implementación del proyecto de ley sobre 'el hiyab y la castidad' por un periodo de prueba de tres años", indicó la agencia de noticias Irna, en un contexto de endurecimiento del tono por parte del gobierno contra el creciente número de mujeres que salen a la calle con la cabeza descubierta, sobre todo en las grandes ciudades.

Sanciones por "promoción del desnudo" y "burla del hiyab"

El proyecto de ley endurece las penas a las mujeres objeto de una denuncia por haber infringido el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres, uno de los pilares ideológicos de la República Islámica desde la caída del sah en 1979.

El texto prevé sanciones financieras por "la promoción del desnudo" y la "burla del hiyab" en los medios y las redes sociales, así como multas y prohibiciones de salir del país para los propietarios de empresas cuya empleadas no utilicen velo.

Las mujeres que no usen velo o lleven "vestimenta inapropiada en cooperación con los gobiernos, medios, grupos u organización extranjeras u hostiles (a Irán)” recibirán "una pena de prisión de cuarto grado", es decir entre 5 y 10 años, indica el proyecto.

Para convertirse en ley, el texto tiene que ser aprobado por el Consejo de los Guardianes de la Constitución.

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