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Gobierno argentino oficializa normas para subidas de luz de hasta 300%

El Gobierno argentino publicó este jueves en el Boletín Oficial la resolución que instruye a las empresas concesionarias de luz en Buenos Aires y sus alrededores para que realicen ajustes en las tarifas, que a partir de febrero implicarán subidas de hasta el 300 % en los recibos.

La resolución supone el cese de la transferencia de recursos del Estado para subsidiar a los consumidores de las eléctricas Edenor y Edesur, que suponían importantes ahorros para los vecinos de la capital argentina y su cinturón metropolitano, la zona más poblada del país.

Con ello, se autoriza a las concesionarias a realizar ajustes en los cuadros tarifarios que implicarán, en total, incrementos en los recibos de hasta un 300 %, según estimaciones de los medios locales.

La normativa contempla también una tarifa social, que se aplicará a usuarios que cumplan requisitos como ser jubilado, empleado cuya remuneración bruta sea menor o igual a dos salarios mínimos (unos 866 dólares), ser titular de programas sociales o estar percibiendo retribución por desempleo.

Las facturas pasarán a emitirse mensualmente en lugar de cada dos meses a fin de que los usuarios “puedan establecer una mejor organización de las finanzas del hogar”, detalló la Presidencia argentina en un comunicado.

El Ministerio de Energía y Minería también establecerá un sistema de premios al ahorro de energía eléctrica que podría reducir los importes finales a aquellos que consuman menos energía.

Según el Gobierno de Mauricio Macri, la normativa aplicada por el anterior Ejecutivo “implicó la ausencia de un esquema tarifario que brindara señales hacia un consumo eficiente y racional para los distintos segmentos y tipos de usuarios”.

“Este régimen alteró criterios de justicia distributiva en la asignación de los recursos públicos favoreciendo a los usuarios de las distribuidoras que actúan bajo jurisdicción federal en desmedro de los habitantes del resto del país”, subraya el texto.

Tampoco favorecía “la correcta orientación de los comportamientos de las distribuidoras, resultando ello en la ausencia de inversiones suficientes, unida a una deficiente planificación en el ámbito de la distribución”, puntualizó la cartera que encabeza Juan José Aranguren.

Ello agravó “inconvenientes derivados de una falta de renovación de redes e insuficiente expansión de las mismas para acompañar el incremento de la demanda propio del crecimiento vegetativo y de los cambios de hábitos”, prosigue la resolución.

“Tales circunstancias han derivado en un progresivo decrecimiento en la calidad del servicio público de distribución” y hacen “necesario” aplicar un nuevo régimen de precios, apunta el texto.

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