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Formulan acusación por asociación ilícita a vicepresidente ecuatoriano en caso Odebrecht

El fiscal general, Carlos Baca, presentó la acusación contra Glas en una audiencia de formulación de cargos que se desarrolla en la máxima Corte de Justicia en Quito

El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, en prisión preventiva por la trama de millonarios sobornos de la brasileña Odebrecht, fue acusado este jueves de asociación ilícita en una indagación penal a cargo de la Fiscalía.

El fiscal general, Carlos Baca, presentó la acusación contra Glas en una audiencia de formulación de cargos que se desarrolla en la máxima Corte de Justicia en Quito.

“Fiscal #CarlosBacaM formula acusación contra el Vicepresidente y otros 12 procesados en grado de autores en el delito de asociación ilícita en #CasoOdebrecht“, señaló la Fiscalía en su cuenta en Twitter.

La ley ecuatoriana condena la asociación ilícita con cárcel de tres a cinco años. Sin embargo, la Fiscalía advirtió hace semanas que Glas y otros involucrados podrían ser acusados de más delitos, como cohecho y enriquecimiento ilícito, en procesos paralelos.

La justicia deberá determinar en los próximos días si dicta sobreseimiento o llama a juicio, que en el último caso puede durar varias semanas.

El proceso contra el vicepresidente, que mantiene el cargo a pesar de estar en prisión preventiva desde el 2 de octubre pasado, tiene como telón de fondo la lucha de poder en el movimiento oficialista Alianza País (AP) -que gobierna Ecuador desde 2007- entre partidarios del presidente Lenín Moreno y los del exmandatario Rafael Correa, estrecho aliado de Glas.

Correa, que en varias ocasiones ha dicho que no existen pruebas contra Glas, sostiene que Moreno, que fue su vicepresidente entre 2007 y 2013, se sirve de la lucha contra la corrupción para desprestigiar a su gobierno e inhabilitarle a él para la reelección.

El vicepresidente, a quien Moreno despojó de sus funciones y el Congreso controlado por el oficialismo le retiró la inmunidad, sostiene que el proceso está plagado de irregularidades y acusa a la justicia de ceder “a la presión política y mediática”.

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