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Expresidente salvadoreño Antonio Saca en audiencia judicial por cargos de corrupción

Un juzgado salvadoreño abrió este jueves una audiencia contra el expresidente Antonio Saca y seis de sus colaboradores, para determinar si afrontarán en libertad o en prisión un proceso penal por el desvío de 246 millones de dólares de fondos públicos.

Esposado, vestido con una camisa blanca y con el semblante tranquilo, el exmandatario ingresó a una sala de audiencias en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, bajo una fuerte custodia  policial.

"Me considero totalmente inocente", dijo Saca a los periodistas que atiborraban la sala, momentos antes de la audiencia.

Saca, de 51 años, gobernó el país entre 2004 y 2009 bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), pero al final de su mandato fue expulsado de la agrupación.

El expresidente fue detenido junto a seis de sus colaboradores, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de desviar 246 millones de dólares de fondos públicos.

La acusación fue presentada por la FGR el pasado martes ante el juzgado capitalino.

El fiscal general, Douglas Meléndez, explicó que de los 246 millones de dólares, al menos 116 millones fueron "cobrados en efectivo" de cuentas del Estado y depositados en cuentas particulares de empleados de la Casa Presidencial y posteriormente trasladados a cuentas de empresas.

Por este caso también están detenidos el exsecretario privado de Saca, Elmer Charlaix, los funcionarios Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Artiaga y Alberto Herrera, así como el expresidente de la empresa estatal de aguas César Funes y el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Julio Rank.

Los imputados afrontan cargos de peculado, agrupación ilícita y lavado de dinero.

Saca añadió que su equipo de abogados tiene "todos los papeles para desvirtuar todas las acusaciones".

Una de las abogadas del exmandatario, Silvia Bonilla, explicó a los periodistas que en la audiencia se presentarán pruebas de "todos los arraigos" que tiene Saca a fin de conseguir que la jueza le conceda "medidas sustitutivas a la detención".

La Fiscalía ha señalado que pedirá que a los siete imputados se les decrete prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal.

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