Expertos independientes de la OEA denuncian "crímenes de lesa humanidad" en Venezuela [+Informe]
Este martes 29 de mayo, un panel de expertos internacionales independientes designado por Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), publicó un informe donde se concluyó que existe evidencia suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, desde, por lo menos, el 12 de febrero de 2014.
El informe consta de dos partes, la primera fue redactada por la Secretaría General de la OEA, incluye material de testigos que comparecieron durante las audiencias públicas organizadas en septiembre, octubre y noviembre de 2017, así como todo el material recopilado de la sociedad civil organizada en Venezuela y organizaciones intergubernamentales.
La segunda fue redactada por el panel de expertos, y en ella se presenta una evaluación jurídica de la información recopilada, un examen de la jurisprudencia y los precedentes internacionales pertinentes, junto a sus conclusiones y recomendaciones.
El informe identifica 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros tanto de las fuerzas de seguridad del Estado como de los colectivos, 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015, más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013 y más de 1.300 "presos políticos".
Además, Identifica un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil en Venezuela.
El informe enfatiza la situación ocurrida en contra de los universitarios en Venezuela, el grupo de expertos hace alusión a las denuncias realizadas por la organización Aula Abierta, que trabaja en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ).
En el capítulo denominado “ENCARCELACIÓN O PRIVACIÓN GRAVE DE LA LIBERTAD COMO CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD”, se destaca la información suministrada por la organización donde se puede evidenciar que durante las protestas de 2017, al menos 17 profesores universitarios fueron detenidos arbitrariamente.
Los motivos fueron de distinta naturaleza: desde publicación de ideas críticas en contra de las políticas públicas estatales hasta la participación en manifestaciones en contra del actual gobierno venezolano. De estos 17 profesores, 8 fueron presentados ante la justicia militar, 6 ante la justicia ordinaria y 3 liberados desde los centros de detención de los cuerpos de seguridad.
De igual forma, el informe resalta que al menos 339 estudiantes universitarios resultaron detenidos y encarcelados arbitrariamente durante el período de abril a julio de 2017, además de que muchos de ellos fueron presentados ante la justicia militar y quedaron afectados por medidas privativas de libertad.
Adicionalmente, destaca el trabajo realizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ en conjunto con Aula Abierta sobre la documentación de práctica de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra universitarios.
El panel de expertos exhortó al Secretario General de la OEA a que remita este informe y la evidencia recopilada a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
Además, instaron a Almagro a invitar a los estados que forman parte en el Estatuto de Roma a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, y que pidan a la fiscal el inicio de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se recogen en el informe presentado.
Es importante señalar, que ni el panel ni la Secretaría General de la OEA han tenido la posibilidad de realizar misiones de campo en el país para consultar con las autoridades nacionales, las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil u otras partes interesadas.
Venezuela es parte en el Estatuto de Roma, y la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre cualquier delito cometido en el territorio de Venezuela o por nacionales venezolanos desde el 1 de julio de 2002.
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