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Ecuatorianos participan este domingo en consulta impulsada por Moreno

La principal interrogante de este proceso es acerca de la continuidad de la reelección indefinida aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015

Este 4 de febrero los ecuatorianos votarán en un reférendum y consulta popular impulsado por el mandatario de la nación sudamericana, Lenín Moreno, para decidir, entre otras cosas, la continuidad de la reelección indefinida  aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015.

Siete son las preguntas que se plantean en este proceso que también consulta a los ciudadanos si se debe sancionar a funcionarios que hayan incurrido en delitos de corrupción con la inhabilitación política, prohibición para ejercer cargos públicos y el no poder realizar contratos con el Estado.

El mandatario Moreno, partidario del “Sí” a la eliminación de la reelección indefinida, defiende este referéndum como un proceso para promover la democracia y participación ciudadana en el país.

Hoy tu voto enriquece la democracia. Vamos todos a las urnas a dar nuestra opinión, a expresarnos libremente, con profundo respeto por los demás y en paz”, escribió el Ejecutivo ecuatoriano a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, Rafael Correa, expresidente de Ecuador y principal opositor de Moreno luego de su salida del partido oficialista Alianza País (AP), ha calificado este proceso como “inconstitucional” y ha sostenido que es una excusa para inhabilitarlo para próximas elecciones presidenciales.

A pesar de esto, Correa, quien reside actualmente en Bélgica, volvió en las últimas semanas a Ecuador para impulsar el “No” y denunciar que la consulta está llena de irregularidades.

Son aproximadamente 13 millones de ecuatorianos inscritos en el Consejo Nacional Electoral llamados a participar en esta consulta vinculante.

Entre otros tópicos también plantea la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; que los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes no prescriban; derogación de la “Ley de Plusvalía”; prohibición de la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, y reducción el área de explotación petrolera autorizada en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas.

 

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