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Ecuador: Piden pena máxima para Rafael Correa por el caso “Sobornos”

La Fiscalía General de Ecuador pidió una reparación integral de más de un millón de dólares al Estado, mientras que la Procuraduría General solicitó más de 23 millones de dólares

La Fiscalía General de Ecuador pidió este jueves la pena máxima para el ex presidente Rafael Correa. También para otra veintena de procesados y una reparación integral de más de un millón de dólares al Estado por su presunta implicación en el delito de cohecho en el caso conocido como «Sobornos».

Diana Salazar, fiscal general del Estado, expuso en un alegato de unas tres horas su argumentación. Señaló que la audiencia, que se prolonga cerca de dos semanas, demostró la existencia de una estructura de captación de dinero irregular, liderada por el ex presidente.

El delito está tipificado en el Código Penal de Ecuador con una pena de 3 a 5 años si es un servidor público el que ejecuta el acto.

Así lo indica un comunicado del órgano fiscal que da cuenta de la exposición de Salazar, que prosigue afirmando: «Se evidenció la entrega y recepción de sobornos por parte de varios empresarios, con lo que se probó la existencia del delito».

A la luz de ese antecedente, la fiscal solicitó al tribunal de la Corte Nacional que los procesados sean sancionados con el máximo de la pena, aumentada en un tercio, por existir la agravante de haber ejecutado el hecho punible con la participación de dos o más personas.

En paralelo, solicitó una reparación integral de 1,13 millones de dólares, que corresponde a la suma de todos los contratos señalados dentro de la trama. También disculpas públicas a la ciudadanía y la publicación de la sentencia en los portales web de las entidades afectadas y en tres diarios de circulación nacional.

La Fiscalía aseguró que con las evidencias expuestas se probó que existieron niveles jerárquicos, codificaciones y jerga criminal para la comisión del delito, y que la estructura delictiva recaudó 7,57 millones de dólares de los que 6,5 millones fueron posibles mediante el cruce de facturas y poco más de un millón en efectivo.

Salazar acusó como autor mediato al ex presidente Correa por tener el dominio de la organización, el poder absoluto sobre la estructura y ser beneficiario de los sobornos.

Reparación integral para el Estado

Por su parte, la Procuraduría General del Estado, como acusación particular, solicitó una reparación integral para el Estado de más de 23 millones de dólares, el triple del monto determinado por los sobornos, así como disculpas públicas por parte de los procesados y el reconocimiento de estos hechos en medios de comunicación.

El procurador general del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, en su alegato final, explicó: «Cómo funcionaba la estructura delincuencial manejada por la cúpula del gobierno de Correa y pidió una reparación por 23.025 millones de dólares, más el monto de los contratos firmados con las empresas involucradas», reza un comunicado.

Salvador concluyó con un llamamiento al tribunal para que afronte este caso y proceda a «aislar y erradicar a esos agentes corruptores».

Asimismo, pidió una sentencia «ejemplarizadora» para involucrados.

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