Crisis presidencial en Guatemala: Arévalo denuncia negación de su derecho a la defensa
La situación de Bernardo Arévalo sigue sin esclarecerse. El presidente electo de Guatemala sigue padeciendo las arremetidas del Ministerio Público, a las que Arévalo califica como un intento de golpe de estado en su contra.
Arévalo obtuvo más del 58% de los votos, con 20 puntos de diferencia sobre su competidora más cercana, Sandra Torres. La fiscalía, encabezada por Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, le negó a Arévalo poder revisar el expediente en su contra.
El Ministerio Público decomisó las actas de votación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en septiembre, concluyendo que en unos 2 millones de votos “no existe certeza en virtud de todas las ilegalidades y falsedades”. Aunado a esto, el organismo asegura que el partido de Arévalo, Movimiento Semilla, usó nombres de afiliados falsos al momento de su creación en 2018.
“33 veces nos han negado la fiscalía y 15 veces el juzgado, eso es negación del derecho de defensa... y sólo se explica porque ellos están conscientes de las mentiras y patrañas que están construyendo en este caso. Es una carpeta hecha de mentiras y por eso no nos dan acceso”, dijo el presidente electo a los medios de comunicación.
La OEA brindó respaldo a Arévalo, emitiendo este martes una resolución en donde condena “enérgicamente el continuo abuso de poder por parte del Ministerio Público y otras autoridades públicas de Guatemala”. La medida, propuesta por Estados Unidos, contó con 29 votos a favor, con dos ausencias, la abstención de El Salvador, y la negativa de Guatemala.
Gabriel Orellana, excanciller guatemalteco, aseguró que este movimiento de la OEA significa “la antesala de medidas más graves que pueda dictar el Sistema Interamericano contra Guatemala si el gobierno insiste en mantener toda esta parafernalia de medidas”.
Por su parte, el presidente en ejercicio del país, Alejandro Giammattei, ha hecho público su deseo de que se respete la decisión de los guatemaltecos, y se desvincula de los intentos por boicotear la toma de posesión de Arévalo, estipulada para el próximo 14 de enero.
