CPI recibió nuevos casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela

En su labor de búsqueda de nuevos testimonios de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad logró construir los primeros 14 expedientes de casos que alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad y que fueron remitidos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

En 2021, la Red-CLH, integrada por las organizaciones Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza, inició una campaña para captar nuevos testimonios de víctimas que se extendió a los venezolanos que emigraron de manera forzada a diversos países de América Latina, España y Estados Unidos –que son los que acogen la mayor cantidad de connacionales que huyen de la Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis generalizada y la represión–.

Esta labor se emprendió en vista de que observamos con preocupación la impunidad en el sistema de justicia venezolano, por eso decidimos aportar al proceso internacional de búsqueda de justicia a través de la documentación de casos de quienes habían emigrado de Venezuela”, explicó Alonso Domínguez, coordinador de la Red-CLH.

La labor de los activistas de la Red-CLH en los países donde hay mayor presencia de venezolanos migrantes, así como la creación de un correo electrónico a través del cual se reciben las denuncias ha permitido a la Red-CLH registrar más de 300 víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir de 2014.

“Muchos venezolanos se fueron del país sin denunciar las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas; algunos por desconocimiento de sus derechos, otros por amenazas y hostigamientos y una gran parte por desconfianza en las instituciones, pues es sabido que en Venezuela al no existir separación de poderes los órganos del Estado que deben proteger a la víctimas se han convertido en cómplices de los victimarios”, añadió Domínguez.

Para el proceso de documentación y sistematización de los casos se identificó y entrevistó a las víctimas a fin de garantizar la información más fidedigna y exhaustiva posible, y se investigó cada caso con protocolos rigurosos para identificar aquellos que constituyen crímenes de lesa humanidad y de allí se elaboraron las actas que recogen la información que fue remitida a la Fiscalía de la CPI este mes de febrero.

El informe con las actas que fueron remitidas responde al artículo 15.2 del Estatuto de Roma –que rige a la Corte Penal Internacional– el cual indica que “el Fiscal de esa instancia analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte”.

La documentación de estos casos confirma la existencia de patrones de crímenes de lesa humanidad identificados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y evidencia la falta de investigación y sanción a los máximos responsables.

Algunos de los patrones identificados en las entrevistas con las víctimas son: hostigamiento, seguimiento con patrullas o carros particulares, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas prolongadas, hacinamiento en tanquetas y celdas, incomunicación, interrogatorios sin presencia de fiscales, acosos por vínculos con organizaciones de derechos humanos y/o partidos políticos, traslados a sitios de reclusión clandestinos, torturas físicas y psicológicas, detenidos colgados de manos y/o de cabeza, tortura con luz blanca día y noche y golpizas en diversas partes del cuerpo –incluidos dedos, cabeza y partes íntimas– hasta dejar inconscientes a las víctimas.

Además de simulación de ejecución, quemaduras, exposición a frío intenso, insultos, privación de sueño, agua y comida, celdas sin servicios de higiene personal y plagadas de insectos, detenidos obligados a criar animales y luego matarlos, acoso sexual, algunos detenidos obligados a tomar orina y rociados con gasolina; privación de libertad en “La casa de los sueños” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), amenazas de muerte a detenidos y sus familias, anulación de pasaportes.

Además, las víctimas denunciaron daños severos a viviendas y edificios donde residían, así como destrozos a carros, amenazas y agresiones a vecinos y entorno cercano. Omisión de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía en tomar denuncias; cambios de relatos de las víctimas en los expedientes por parte de estos funcionarios; negación de presentación ante un juez a fin de evitar registros oficiales, jueces recibiendo órdenes durante las audiencias, civiles procesados por tribunales militares, inexistencia de procesos judiciales, entre otros.

De los testimonios hasta ahora documentados las víctimas identificadas fueron manifestantes, activistas, dirigentes políticos, líderes universitarios, estudiantes, personal de primeros auxilios, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas que manifestaban por la escasez de gasolina o fallas en los servicios públicos, activistas digitales, empleados públicos que expresaron alguna inconformidad y personas del entorno cercano a las víctimas. En algunos casos las secuelas en las víctimas son de por vida.

Estos patrones coinciden con los señalados por el Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela de la Organización de Estados Americanos en su informe de 2018, así como por los informes de la Misión internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En los próximos días, la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad remitirá otros casos documentados, que junto con estos primeros 14 hacen un total de 47. Se trata de casos que han pasado por un exhaustivo proceso de investigación y constatación de evidencias.

También se enviarán al Panel de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia que hace años inició los esfuerzos en el ámbito internacional para lograr que haya justicia en Venezuela

En la Red continuamos con la labor de investigación de las denuncias recibidas hasta ahora y de recepción de nuevos testimonios para iniciar el contacto con las víctimas en aras de que los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela no queden impunes. Este importante proceso de documentación le da voz a miles de víctimas que por diversas razones no han sido escuchadas. Además, el principio de complementariedad establecido por la Corte Penal Internacional continuará siendo la llave de acceso de la Fiscalía para el inicio de investigación de los casos, y en la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad de Venezuela trabajamos para dar nuestro aporte”.