CPI evidencia que el gobierno de Maduro no investiga crímenes de lesa humanidad
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dio respuesta al último documento introducido por el Gobierno venezolano, el pasado 28 de febrero, para desechar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En este sentido, el organismo internacional señala que el Estado venezolano no ofrece pruebas circunstanciales que permitan admitir que presuntos crímenes de lesa humanidad están siendo investigados, juzgados y realmente sancionados.
El Gobierno de Nicolás Maduro insiste en que la Corte no tiene competencia para juzgar y afirma que Venezuela ha investigado y enjuiciado los presuntos crímenes o lo está haciendo actualmente. Además, acusó a la fiscalía de la CPI de tener “vínculos” con organizaciones no gubernamentales. “La Fiscalía sostiene respetuosamente que ninguna de esas peticiones tiene fundamento”, afirma la CPI en el informe.
El fiscal Karim Khan ratifica que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento, reseñó Infobae.
En su investigación, la fiscalía de CPI afirma que ”desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación”.
Para la Fiscalía, no se trata de temas aislados, la investigación también concluyó que “la comisión múltiple de estos actos constituía un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado (...) sistemático y que la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.
“La Fiscalía llegó a la conclusión de que los posibles casos identificados son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas por la Corte, a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”, agregó en su informe.
En el escrito, Khan recuerda que se encontró “base razonable” para creer que cientos de víctimas habían sido sometidas “a una amplia gama de actos criminales durante períodos prolongados de detención, incluyendo tortura, violación y/o violencia sexual”. Y detalló: “Las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.
Además, denuncia que el gobierno de Venezuela “no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”.
Advierte, también, que estas conclusiones se hicieron sin perjuicio de otros crímenes que puedan determinarse en una etapa posterior.
“Por las razones expuestas, la Fiscalía reitera respetuosamente su solicitud de que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene la reanudación de la investigación sobre la Situación de Venezuela”, concluye la Fiscalía en su presentación ante la CPI.
