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Corte de Apelaciones de Roma aprobó extradición a Venezuela de Ramírez

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó a Italia en julio de 2020 la extradición de Ramírez, quien fue acusado de corrupción, señalado por los cargos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir, según lo informado en ese momento por la Sala de Casación Penal del TSJ.

La Corte de Apelaciones de Roma aceptó este miércoles la solicitud de extradición realizada por el gobierno venezolano al expresidente de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, sobre quien pesan siete investigaciones por corrupción y posee alerta roja de Interpol.

En un comunicado emitido, el procurador de Roma, Luigi Giuliano, expresó que el fiscal general no consideró suficiente las defensas de Ramírez y estimó que el caso no era de persecución política.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó a Italia en julio de 2020 la extradición de Ramírez, quien fue acusado de corrupción, señalado por los cargos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir, según lo informado en ese momento por la Sala de Casación Penal del TSJ.

“No existen elementos para creer que el proceso penal pendiente ante la autoridad judicial de la República Bolivariana de Venezuela sea el resultado de una actividad persecutoria determinada por motivos políticos, tampoco existen elementos para creer concretamente que el proceso al que sería sometido en su país de origen no respetará los derechos fundamentales del imputado”, resalta el comunicado de la Procuraduría General italiana.

El pasado mes de febrero, el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente del oficialismo, Tarek William Saab, acusó a Ramírez de haber liderado una red de sobornos junto con su primo, Diego Salazar. De acuerdo con lo señalado por Saab, Ramírez era investigado por al menos siete casos de corrupción, con una solicitud formal de extradición y alerta roja de Interpol.

El exministro de Petróleo, una de las principales figuras políticas durante la gestión del expresidente Hugo Chávez, denunció en febrero que funcionarios armados allanaron y ocuparon su residencia en Venezuela, una acción que calificó de irregular, represiva y de persecución, como parte de una campaña en su contra por parte de la Fiscalía y el gobierno de Maduro.

 

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