Congreso de Colombia aprueba eliminación de casa por cárcel para corruptos
Luego de varios meses de tránsito por el Congreso, este lunes finalmente fue aprobada la eliminación de la casa por cárcel para los funcionarios condenados por delitos de corrupción, uno de los puntos claves en la lucha contra este flagelo.
Con una votación abrumadora (89 votos por el sí y ninguno en contra), la plenaria del Senado le dio último debate a un proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional en septiembre del año pasado y que hasta hace algunos meses había pasado casi inadvertido en el Capitolio.
La cárcel efectiva para los condenados por corrupción y la imposibilidad de contratar con el Estado fueron el punto dos de la consulta contra esta problemática de agosto de 2018, en la que participaron más de 11 millones de ciudadanos y que fue impulsada por la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano, y la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López.
En junio pasado, esta posibilidad de hundió en el Congreso en medio de un escándalo en el que Senado y Cámara se culparon mutuamente por el archivo de esta disposición, reseñó El Tiempo.
Para la senadora Angélica Lozano, hoy día “hay funcionarios de altísimo nivel, de ‘cuello blanco’, que pasan su condena en una base naval, en el Club Militar, en una escuela de policía, y resulta que esas instalaciones no son para eso”, afirmó.
“Lo que hace este artículo es eliminar esa posibilidad de privilegio, porque no la tiene el ciudadano que comete un delito, al que sí le toca La Picota o La Modelo. En adelante, esos de ‘cuello blanco’ deberán estar en una cárcel normal”, agregó la congresista de la Alianza Verde.
Los delitos
Con el proyecto aprobado, los delitos por los que los funcionarios tendrán que pagar cárcel efectiva serán peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, entre otros.
Adicionalmente, cuando haya tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenazas a testigo, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.
