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Congreso argentino busca aprobar ley que declara emergencia social por tres años

La Cámara de Diputados de Argentina comenzó este martes a debatir un proyecto de ley para declarar la emergencia social en el país, lo que supondrá una inversión de 1,8 millones de dólares para luchar contra la pobreza, norma que ya recibió media sanción en el Senado y cuenta con un amplio respaldo político.

Durante la sesión especial, que se estima que dure unas 20 horas, primero se busca aprobar la emergencia social y después se abordará la modificación del polémico impuesto a las ganancias, que pesa sobre los salarios medios y altos de los trabajadores y despierta un gran rechazo sindical en el país suramericano.

El Gobierno argentino y organizaciones políticas y sociales como el Movimiento Evita, Barrios de Pie o la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular llegaron a finales de noviembre a un acuerdo para declarar la emergencia social en el país hasta diciembre de 2019, lo que significará una inversión de unos 30.000 millones de pesos.

La medida ya recibió media sanción en el Senado antes de dicha reunión -en la que participaron la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el de Trabajo, Jorge Triaca; y el titular del bloque de Diputados del oficialista PRO, Nicolás Massot- y se prevé que sea aprobada sin dificultades este martes.

Según el texto suscrito, el objetivo es “garantizar la paz social” en el país y luchar contra el desempleo y la pobreza mediante medidas como el aumento de las asignaciones universales.

Posteriormente, se abordará la modificación del impuesto a las ganancias, una controvertida medida cuya eliminación había sido una de las promesas estrella de la campaña electoral presidencial de Mauricio Macri en 2015 pero, tras asumir, el Gobierno realizó una reforma mucho más modesta de lo esperado debido al delicado estado de las cuentas públicas y a la eliminación de otros gravámenes.

Con ello, desde principios de año el sueldo mínimo exento del impuesto pasó de 21.000 pesos brutos (1.300 dólares) a 30.000 (1.800 dólares) para los trabajadores con hijos, algo que se ganó el fuerte rechazo de los sindicatos, agrupaciones de izquierda y los partidos de la oposición, así como de algunas voces críticas dentro del propio oficialismo.

El pasado 22 de noviembre, el Gobierno anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para modificar las escalas y aumentar un 15 % la base imponible del impuesto.

Junto a este dictamen, también presentaron otros el peronista Frente Renovador, el bloque Justicialista y el Frente de Izquierdas, que buscan afectar a menos trabajadores.

Ninguno de los cuatro proyectos cuenta con la mayoría absoluta necesaria -129 votos- para ser aprobado, por lo que el futuro de la ley es incierto e incluso se contempla la posibilidad de que no se pueda llegar a un acuerdo antes de que termine el año.

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