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Colombia lamenta la escasa ayuda de donantes internacionales en apoyo a venezolanos

Más de 1,4 millones de connacionales se encuentran actualmente en el país cafetero, que se convirtió en el principal receptor de inmigrantes que huyen de la crisis política, económica y social generada por el Gobierno 

Los donantes internacionales han sido significativamente menos generosos en apoyar a los inmigrantes venezolanos en comparación con otras causas, dijo el martes Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, al volver a pedir más ayuda.

Más de 1,4 millones de venezolanos se encuentran actualmente en Colombia, que se convirtió en el principal receptor de inmigrantes que huyen de la crisis política, económica y social en el país petrolero, según el último censo de la autoridad migratoria.

La creciente migración venezolana ha puesto presión sobre los sistemas de asistencia social del país, principalmente en salud, educación, vivienda y alimentación.

"A corte del 14 de agosto, los recursos recibidos por Colombia como parte del llamamiento de la ONU para 2019 se han incrementado a 96 millones de dólares", dijo en una conferencia de prensa el canciller Carlos Holmes Trujillo, lo que, explicó, equivale a un 30,4% de los recursos proyectados.

En otros casos la comunidad internacional ha sido mucho más generosa. Agradecemos la cooperación que hemos recibido, pero mientras el número de migrantes siga creciendo, la demanda de servicios y de recursos también", agregó tras reunirse con el Representante Especial Conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos en la región, Eduardo Stein.

Trujillo sostuvo que en lo que va del año por cada inmigrante venezolano Colombia ha recibido 68,18 dólares, mucho menos que los 501,89 que recibió Siria y de los 500 dólares que llegaron a Sudán del Sur en 2018 para atender las crisis humanitarias que enfrentaron.

Colombia anunció a comienzos de este mes que otorgará la nacionalidad a más de 24.000 hijos de venezolanos nacidos en el país desde agosto de 2015, una medida con la que busca garantizar los derechos fundamentales de los niños y evitar su condición de apátridas.

 

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