Colombia imputará cargos a cúpula del ELN por crímenes de guerra
La Fiscalía de Colombia imputará cargos este lunes a los cinco máximos dirigentes del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los "ataques sistemáticos contra la infraestructura petrolera del país" cometidos por el grupo armado, que son considerados crímenes de guerra.
Así lo anunció este domingo el fiscal general, Eduardo Montealgre, en una entrevista al diario El Tiempo en la que hizo balance de su tiempo en el cargo, que expira este lunes.
La imputación al Comando Central (COCE) del ELN será por tanto su última directiva, destacó Montealgre, quien sostuvo que las "graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario" por las que imputarán a los líderes guerrilleros son "de competencia de la Corte Penal Internacional".
Los cinco miembros del Comando Central son el máximo líder del ELN, Nicolás Rodríguez, alias "Gabino", así como Eliécer Herlington Chamorro, alias "Antonio García"; Israel Ramírez, alias "Pablo Beltrán"; Rafael Sierra Granados, alias "Ramiro Vargas" y Gustavo Aníbal Giraldo, alias "Pablito".
El vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, dijo a la prensa que "por primera vez" en Colombia "se imputará a la dirigencia de un grupo armado, organizado, al margen de la ley, conductas de competencia de la CPI (Corte Penal Internacional) consideradas como crímenes de guerra por el Estatuto Penal de Roma y por el DPI (Derecho Penal Internacional)".
Además, explicó que los hechos por los cuales se solicitó formulación de imputación incluyen los ataques contra la industria petrolera en el Oleoducto Caño Limón Coveñas, que con 770 kilómetros de longitud es el segundo más importante del país.
"Los ataques del COCE produjeron el derramamiento de 3.596.332 barriles de petróleo, lo que representa pérdidas superiores a los 65 billones de pesos (unos 21.158 millones de dólares)", destacó el vicefiscal.
El Gobierno colombiano y el ELN mantienen desde enero de 2014 "diálogos exploratorios" con el fin de iniciar un proceso de paz similar al que el Ejecutivo desarrolla con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde noviembre de 2012.
