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CIDH pide medidas para evitar reestructurar el CPCCS en Ecuador

Los ecuatorianos aprobaron por 63% de los sufragios reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas provisionales para evitar la destitución de los actuales miembros de un órgano de control de la gestión pública en Ecuador, cuya reestructuración avaló la ciudadanía en un referendo el domingo pasado.

La CIDH remitió el martes el pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) argumentando que reestructurar ese órgano puede "generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivo de los derechos humanos".

Los ecuatorianos aprobaron por 63% de los sufragios reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo cual supone la destitución de los actuales miembros y la creación de un consejo transitorio.

El CPCCS, creado por el expresidente Rafael Correa, se encarga de designar autoridades electorales y de control como fiscal, contralor y procurador del Estado.

La CIDH dijo que el referendo del domingo "no contó con control constitucional previo" y recordó que los miembros del CPCCS, nombrados para el periodo 2015-2020, "sólo pueden ser destituidos a través de enjuiciamiento político ante la Asamblea Nacional".

La Comisión, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo temer que de "implementarse el resultado del referéndum", "se pondría en marcha un engranaje institucional" cuyos efectos en la conformación de "las autoridades más importantes del país sería difícil de revertir".

Según la CIDH, esta situación "podría reunir los requisitos de extrema gravedad, urgencia, así como de daño irreparable" previstos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos para el otorgamiento de medidas provisionales.

La Corte IDH puede otorgar o rechazar otorgar las medidas cautelares, que en caso de ser otorgadas los Estados deben cumplir.

En diciembre, Correa pidió ante la OEA activar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en virtud de la "grave alteración al orden constitucional" llevada a cabo por su sucesor Lenín Moreno.

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