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Canciller dice querer izar la bandera de España en Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, aseguró que “pondrá la bandera” española sobre el territorio británico de Gibraltar, luego de que su país hiciera una proposición formal ante Naciones Unidas de cosoberanía en el disputado Peñón.

García-Margallo respondió así al primer ministro de Gibraltar, Fabian Picardo, quien el miércoles había declarado: “es simple, no hay manera, José. Nunca pondrás tus manos en nuestro Peñón. Nunca”.

“Las manos no, pondré la bandera. Y mucho antes de lo que Picardo cree”, replicó en declaraciones a la televisión pública el ministro español, conocido por hablar sin tapujos.

España propuso formalmente el martes durante una reunión de un comité de la ONU abrir negociaciones con Reino Unido para lograr un acuerdo de soberanía compartida sobre el pequeño territorio de 30.000 habitantes, bajo dominio británico desde 1713 y reivindicado por Madrid.

“España ha invitado formalmente al Reino Unido a abrir negociaciones que permitan llegar a un acuerdo para que las disposiciones de los Tratados de la Unión Europea (UE) sigan siendo de aplicación a Gibraltar”, indicó el embajador español ante la ONU, Román Oyarzun, ante el comité sobre descolonización.

Madrid ha insistido en la soberanía compartida -rechazada en un referéndum en 2002 por los gibraltareños-, luego de la consulta de junio pasado en la que los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea.

A los habitantes de Gibraltar “les quedan dos opciones: o británicos fuera de la Unión, o hispano-británicos dentro de la Unión, con todas las ventajas”, advirtió García-Margallo.

La pujante economía de Gibraltar, basada en servicios financieros, el turismo y los juegos en línea, depende en gran medida de su acceso al mercado único europeo.

La única frontera terrestre entre Gibraltar y la Unión Europea está en España. Diariamente, es cruzada por numerosos trabajadores españoles empleados en el Peñón.

Durante una crisis diplomática en 2013, Madrid reforzó los controles en la frontera, generando grandes embotellamientos y obligando a la Comisión Europea a emplear sus buenos oficios para normalizar la situación.

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