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Canadá impondrá precios a las emisiones de carbono para luchar contra la contaminación

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, confirmó este miércoles que impondrá un sistema nacional de precios de las emisiones de carbono como parte de su programa de lucha contra el cambio climático.

Hasta ahora, varias provincias de Canadá han impuesto diferentes formas de precios de carbono pero a nivel nacional, el Gobierno canadiense se ha resistido a establecer un sistema nacional.

Trudeau declaró a la radiotelevisión pública canadiense, CBC, que su Gobierno tiene como prioridad poner en marcha un sistema de precio de carbono, incluso si tiene que imponerlo a las provincias que se resisten a aceptarlo.

"Vamos a asegurarnos que existe un sólido precio de carbono en todo el país y esperamos que las provincias sean capaces de adoptarlo por si mismas".

Varias provincias canadienses que dependen del influyente sector de la extracción de recursos, como Saskatchewan, se niegan a un sistema nacional de precios de carbono por temor a que limite el desarrollo del sector petrolífero.

Un informe parlamentario señala que para 2030 Canadá debería imponer un precio de 100 dólares canadienses (77 dólares estadounidenses) por tonelada de carbono para cumplir los objetivos de los acuerdos medioambientales de París.

Trudeau también se refirió al anterior Gobierno canadiense del conservador Stephen Harper, que durante 10 años se negó a imponer un sistema de precios de emisiones, como contraproductivo para el país.

Harper, que gobernó de 2006 a 2015, sacó a Canadá del Protocolo de Kioto para poder explotar sin limitaciones los yacimientos petrolíferos de las arenas bituminosas del oeste del país, considerados entre las mayores reservas de crudo del mundo.

Pero Harper, que redujo las regulaciones medioambientales para aprobar proyectos del sector energético, también fue incapaz de conseguir la construcción de ninguno de los oleoductos considerados vitales para el desarrollo de los yacimientos canadienses.

"Lo que hemos encarado es 10 años en los que los canadienses han perdido la confianza en la capacidad del Gobierno para defender sus intereses. Hubo una completa falta de confianza en los procesos, los reguladores y la capacidad de hacer lo correcto".

"Este es el tipo de equilibrio que la población espera, entre medioambiente y la economía, ni uno ni otro", añadió el primer ministro canadiense.

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