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Brasil recurre decisión judicial que suspende la privatización de Eletrobras

La AGU señaló que la suspensión de la privatización de Eletrobras supone "un riesgo para el orden económico"

El Gobierno brasileño recurrió en segunda instancia y presentó una reclamación en la Corte Suprema contra la decisión judicial que suspende la privatización de la eléctrica estatal Eletrobras, la mayor empresa de energía del país, informaron hoy fuentes oficiales.

La Abogacía General de la Unión (AGU) entró con un recurso después de que la Justicia Federal de Pernambuco paralizó la pasada semana de manera cautelar un decreto firmado por el presidente Michel Temer que autoriza el proceso de privatización de la eléctrica.

La AGU señaló en un comunicado que la cautelar fue concedida "sin reflexionar sobre los efectos dañinos de su decisión, que chocan con el interés público de minimizar el déficit en las cuentas públicas".

El órgano argumentó además que la suspensión de la privatización de Eletrobras supone "un riesgo para el orden económico", ya que el presupuesto de este año prevé 12.200 millones de reales (unos 3.700 millones de dólares) en concesiones de unidades de Eletrobras, que dependen de la privatización de la compañía.

La Abogacía precisó que el objetivo del decreto publicado por Temer es permitir la elaboración de estudios sobre la situación económica y financiera de la estatal y que "el mérito de la privatización de Eletrobras será discutido en propuesta de la ley propia que será enviada al Congreso Nacional".

Eletrobras es la mayor empresa de energía del país y el Gobierno decidió incluirla en un ambicioso plan de privatizaciones y concesiones que se extiende también a terminales aeroportuarias, autopistas, líneas de transmisión eléctrica y hasta la Casa de la Moneda, entre otras sociedades públicas.

La venta del control de Eletrobras, que gestiona la generación, transmisión y distribución de electricidad en Brasil, fue anunciada a mediados del año pasado en el marco de un severo programa de ajustes destinado a acabar con el crónico y elevado déficit fiscal.

No obstante, de acuerdo con el dictamen del juez Cláudio Kitner, de Pernambuco, "nada fue apuntado por el jefe del Poder Ejecutivo (Temer) para justificar la urgencia en la adopción de un decreto (...) que altera de forma sustancial la configuración del sector eléctrico nacional, sin la imprescindible participación del Poder Legislativo".

Para el magistrado, "queda patente" que el "artificio" utilizado por Temer para "concretar su política pública, si no lesa directamente el patrimonio, (...) tropieza de forma violenta con el principio de moralidad, tutelado por la acción popular".

En otro frente judicial, la Abogacía del Estado presentó también una reclamación a la Corte Suprema alegando que el magistrado Kitner "usurpó la competencia" del máximo tribunal del país.

En su análisis, la AGU considera que la Justicia Federal de Pernambuco juzgó la "constitucionalidad" de una medida del Gobierno, algo que es "competencia exclusiva" del Tribunal Supremo.

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