Asesinan a propietaria de la finca donde se reunirán las FARC
Autoridades colombianas investigan el asesinato de Cecilia Coicué, propietaria de una finca en Corinto, en el departamento del Cauca, donde está prevista la instalación de una de las zonas de reunión de guerrilleros de las FARC antes de su desmovilización.
Coicué, de 62 años, desapareció el pasado martes cuando salió de su casa en dirección a un manantial cercano para inspeccionar la conexión que lleva agua a su finca, pero no regresó, y su cadáver fue encontrado el miércoles con heridas de arma blanca, según la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.
La Defensoría del Pueblo expresó este jueves su "profundo rechazo" al asesinato y dispuso el traslado de una comisión humanitaria a la zona para verificar "las circunstancias en que ocurrieron estos lamentables hechos", según un comunicado de la entidad.
Según la Red de Derechos Humanos, en la propiedad de Coicué, de 72 hectáreas, se instalará una de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) acordadas entre el Gobierno y las FARC.
En esa zonas, repartidas por todo el país, los miembros de las FARC comenzarán a concentrarse a partir de la firma del acuerdo de paz, prevista para el próximo 26 de septiembre, para en un plazo de 180 días, dejar las armas en manos de una comisión internacional liderada por la ONU y desmovilizarse definitivamente.
Coicué era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reservas Campesinas de Corinto, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Cauca.
El municipio de Corinto, donde vivía Coicué, es una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado colombiano y durante décadas fue escenario de numerosos ataques de la guerrilla y de enfrentamientos con el Ejército y la Policía.
La Defensoría aseguró que "ante la gravedad de las versiones que han circulado" sobre el asesinato y las denuncias respecto a situaciones recientes de violencia en el Cauca, un equipo encabezado por el defensor delegado para la Población Desplazada, Mauricio Redondo, se trasladó a la zona.
Además, la entidad solicitó a la Fiscalía General que se aclaren las circunstancias que rodearon el asesinato y a la fuerza pública que se adopten las medidas de prevención y protección pertinentes en la zona, agregó la información.
Según la Defensoría durante los últimos días se ha incrementado el número de muertes selectivas en el departamento, principalmente de indígenas y campesinos.
